El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado en su país tras regresar de un breve viaje a Hong Kong y posteriormente trasladado a La Haya. En los Países Bajos, deberá enfrentar una audiencia inicial ante la Corte Penal Internacional (CPI).
TRASLADO A LA HAYA Y REACCIÓN DEL GOBIERNO
Un avión chárter despegó la noche del martes desde Manila con Duterte a bordo, luego de su detención en cumplimiento de una orden de arresto emitida por el CPI por crímenes contra la humanidad. Su hija y actual vicepresidenta, Sara Duterte, calificó el traslado como una extradición “forzada” y denunció que “esto no es justicia, sino opresión y persecución”.
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“El avión está en ruta hacia La Haya, donde el expresidente enfrentará cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su guerra contra las drogas”, declaró en una conferencia de prensa el actual presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.
El CPI confirmó la orden de arresto y explicó el proceso judicial que sigue. «Cuando un sospechoso está puesto bajo custodia del CPI, se programa una audiencia de comparecencia inicial», explicó Fadi Abdullah, portavoz del tribunal.
DETALLES DEL VUELO Y ACOMPAÑANTES
Duterte abandonó Filipinas en un vuelo chárter identificado con el número de registro RP-C5219, según informó la cadena GMA. La aeronave partió desde la base aérea Villamor en Pasay City, en la zona metropolitana de Manila, alrededor de las 23:00 hora local
Según el medio filipino Rappler, el expresidente viaja acompañado por su exsecretario Salvador Medialdea, un enfermero y un asistente.
CRÍTICAS Y PROCESO LEGAL
Sara Duterte criticó la detención de su padre desde las afueras de la base aérea Villamor y afirmó que las autoridades debían presentarlo ante una corte local antes de extraditarlo.
Las autoridades filipinas arrestaron a Rodrigo Duterte, de 79 años, cuando aterrizó en Manila tras su viaje a Hong Kong. La CPI emitió la orden de arresto por crímenes de lesa humanidad y la envió a las autoridades filipinas a través de Interpol, según informó la oficina presidencial del país.
El proceso se originó en la llamada guerra contra las drogas llevadas a cabo durante su mandato (2016-2022), en la que, según datos de la Policía, murieron aproximadamente 6.000 personas en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 víctimas, en su mayoría hombres pobres sin pruebas concretas de vínculos con el narcotráfico.
A pesar de que Duterte retiró a Filipinas del CPI en 2019 para evitar investigaciones en su contra, el tribunal internacional siguió adelante con el proceso. Este martes, el Tribunal Supremo de Filipinas anunció que evaluará una solicitud del abogado Israelito Torreón, en representación de Duterte, para suspender la detención del exmandatario, argumentando que el país no está obligado a acatar las órdenes del CPI y que las alertas rojas de Interpol no tienen carácter vinculante.
El pasado domingo, en un acto ante miles de trabajadores filipinos en Hong Kong, Duterte rechazó la investigación del CPI y calificó a sus investigadores de “hijos de puta”, aunque afirmó que “aceptaría” ser detenido.
