La Contraloría General de la República (CGR) detectó un grave conflicto de interés en la Empresa Nacional de Minería (Enami). El cual, es protagonizado por Patricio Céspedes Guzmán, quien fuera director de la estatal entre marzo de 2010 y agosto de 2022.
La CGR analizó los proyectos adjudicados en el año 2022 a los distintos productores mineros a través del Reconocimiento de Recursos y/o Reservas y Planificación Minera que ejecuta Enami. En dicho análisis, se descubrió que Céspedes omitió informar relaciones de parentesco con empresas proveedoras de este proyecto en varias ocasiones.
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INFORME DE LA CONTRALORÍA
El informe de la CGR, publicado por La Tercera, señala que «se detectaron pagos efectuados a empresas proveedoras cuyos socios tienen relación de parentesco con el entonces Director de Enami, señor Patricio Céspedes Guzmán. Que datan desde el año 2018 hasta agosto del 2022, a saber:
Quimurco Minera Limitada, Minera Troyano Limitada y Sonda Mines SpA, por un monto total ascendente a $10.444.893.786. Contraviniendo lo establecido en el artículo 4°, inciso sexto, de la ley N° 19.886″.
En esa línea, el organismo indicó que la situación fue advertida en dos informes previos de 2022. En ellos, se menciona que en las sociedades participaban la cuñada y sobrinos de Céspedes. Estas observaciones nunca fueron respondidas.
MAYORES ANTECEDENTES
El informe también señala que, el ahora presidente de la Asociación Gremial Minera de Antofagasta, en su declaración de interés del 9 de septiembre de 2019, no manifestó relación de parentesco con los socios de Sonia Santis Santander Sonda Mines E.I.R.L. y Quimurco Minera Limitada, empresas proveedoras de la estatal.
Además, omitió en su declaración de interés a la Compañía Minera Cifuncho SpA. En ella, su hija, Isabel Cristina Céspedes Mandiola y su yerno, Guido Patricio Cerda Herrera, eran administradores y socios.
«Enami erogó a empresas proveedoras vinculadas con el citado director, desde el año 2018 al mes de agosto del 2022, un monto total ascendente a $10.444.893.786», detalló el documento.
INVESTIGACIÓN DEL CASO
Tras ello, la Contraloría ordenó a Enami remitir dentro 60 días hábiles el procedimiento interno comprometido e iniciar una investigación por parte del directorio en un plazo de 15 días hábiles. Al mismo tiempo, remitirá el informe al Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado.
Desde Enami señalaron que la actual administración, que asumió en agosto de 2023, ha trabajado en robustecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de la empresa. Esto, con el fin de evitar situaciones como las detectadas por la Contraloría.
