El debate por la pena de muerte volvió a reinstalarse en Chile, esto tras la propuesta de la abanderada presidencial de la UDI y RN, Evelyn Matthei.
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Ante ello, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), se sumó a la discusión y recalcó que no se puede aplicar la pena de muerte en el país por impedimentos jurídicos.
“No es posible reponer la pena de muerte salvo que nos salgamos de los convenios internacionales que hemos suscrito. Nosotros hemos suscrito dos convenios internacionales en esta materia: la Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo adicional sobre pena de muerte. Entonces, nuestro país, para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, se ha comprometido de buena fe a que no va a reponer la pena de muerte. Por lo tanto, la dimensión normativa es una discusión cerrada”, explicó este viernes en conversación con Radio Quiero de Antofagasta.
En esa línea, argumentó que son “pisos civilizatorios” que han contribuido a “mejorar la democracia y la protección de los derechos humanos en América”.
“Los países que se han salido son países que no consideran eso, como Venezuela. Yo creo que nosotros no queremos estar en ese orden de países”, añadió.
«ÉTICO-POLÍTICA»
El titular de la cartera también señaló que existe la dimensión ético-política, que apunta al respeto por la vida humana y la garantía de los procesos judiciales.
“Si uno considera que el valor de la vida es efectivamente esencial en cualquier democracia y en cualquier sociedad, uno puede discutir respecto a el tipo de sanción que va a tener la persona. Es decir, cuántos años de prisión efectiva, cuáles son las características del presidio perpetuo, cuánto tiempo va a estar en la cárcel, pero atribuirle al Estado la posibilidad de quitarle la vida a alguien tiene gran impacto. Al menos nuestro sector político no considera aquello. Es bien importante decir que en el gobierno del presidente Piñera se dio esta discusión y el presidente Piñera también dijo yo no estoy disponible para reponer la pena de muerte en Chile”, sostuvo.
El ministro zanjó el debate señalando que “el Estado nunca puede pasar el límite de quitarle la vida a una persona. Lo podemos sancionar con presidio perpetuo, y esa es una discusión”.
