Esta semana, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la actualización del Decreto N°13 de 2011. Con ello, se aumentan significativamente las exigencias para las emisiones contaminantes de las centrales termoeléctricas en Chile.
En concreto, el organismo encabezado por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, estableció mayores restricciones. Esto, para las emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO₂) y óxidos de nitrógeno (NOx).
Cabe señalar que la nueva normativa afecta tanto a centrales existentes como a futuras plantas generadoras, independiente del combustible utilizado (carbón, gas o diésel).
Respecto a esto, la ministra Maisa Rojas destacó que esta medida representa un paso importante en la estrategia nacional para avanzar hacia la carbono neutralidad.
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EMPRESAS EVALÚAN CONSECUENCIAS
Esta decisión generó una preocupación inmediata en algunas empresas del sector, principalmente las termoeléctricas sin fecha definida de cierre o reconversión. Entre ellas, las plantas Santa María, de Colbún, Cochrane y algunas unidades de Guacolda.
En detalle, las compañías han cuestionado la compatibilidad de esta normativa con el Plan Nacional de Descarbonización promovido por el Ministerio de Energía.
De hecho, el gerente general de Guacolda, Marco Arróspide, advirtió que el endurecimiento de las regulaciones podría derivar en cierres anticipados de plantas.
Lo anterior, impactaría negativamente en la estabilidad del sistema eléctrico, aumentando costos energéticos a mediano plazo y afectando el empleo en las zonas donde se sitúan estas centrales, según publica La Tercera.
EXTENSIÓN DE PLAZO
Cabe señalar que la normativa aprobada también considera un período transitorio para que las centrales termoeléctricas se adapten o concreten planes de reconversión.
Emanuel Manríquez, representante de la defensa técnica del sector privado, explicó que, tras conversaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, se extendió el plazo límite del 2038 al 2040.
Lo anterior, le permite a las empresas con planes específicos de reconversión tener mayor margen para adaptarse a los nuevos estándares.
POSIBLES ACCIONES LEGALES
Pese a los ajustes en los plazos, fuentes del sector energético anticiparon que aún analizan las implicancias reales del decreto aprobado. Por ello, no descartan recurrir ante la Contraloría General de la República o incluso ante tribunales ambientales si consideran que la normativa afecta negativamente la viabilidad operativa y económica de las plantas generadoras.
Por último, el Gobierno destacó que esta actualización normativa busca avanzar de manera decidida hacia los objetivos de carbono neutralidad comprometidos internacionalmente, alineándose con las políticas ambientales que Chile se comprometió a cumplir en el corto y mediano plazo.
