Política

Defensa de Hassler exige sanción por filtraciones de PDI

Santiago Henríquez

Periodista

Hassler
Foto: Agencia Uno
El abogado Miguel Schurmann, representante legal de Hassler, presentó el reclamo directamente al director general de la PDI

La defensa de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ingresó un reclamo formal ante la Policía de Investigaciones (PDI) debido a la filtración de conversaciones privadas obtenidas en el marco del caso Sierra Bella.

Las filtraciones corresponden a chats de WhatsApp recuperados mediante el sistema forense “Cellebrite Reader” por la PDI y que posteriormente fueron difundidos públicamente.

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Ante esto, la Fiscalía Regional de Valparaíso, bajo la dirección de la persecutora Claudia Perivancich, asumió una nueva arista investigativa para esclarecer las circunstancias de estas filtraciones.

RECLAMO CONTRA LA PDI

El abogado Miguel Schurmann, representante legal de Hassler, presentó el reclamo directamente al director general de la PDI, Eduardo Cerna, cuestionando la actuación de los funcionarios encargados del caso.

“El director debe tomar una decisión clave para nuestra institucionalidad: ¿cuál es la verdadera función del organismo que dirige? El Código Procesal Penal establece que la PDI actúa como auxiliar en la investigación penal. Su rol se limita a recolectar información de interés criminal”, señaló Schurmann.

El abogado criticó que los informes policiales incluyeran opiniones personales sobre asuntos políticos, lo que –según él– excede el rol investigativo de la institución. Además, denunció que los policías a cargo “dejaron de investigar el caso Sierra Bella y enfocaron su análisis en todas las comunicaciones de la exalcaldesa, sin un criterio de búsqueda definido”.

En este sentido, Schurmann enfatizó que corresponde al director de la PDI establecer los límites de actuación de sus funcionarios para evitar investigaciones con motivaciones políticas o personales.

DENUNCIA CONTRA FUNCIONARIOS DE LA PDI

Según información publicada por Radio Bío Bío, el reclamo está dirigido contra el comisario Juan Medel y el subcomisario Manuel Sáez, ambos de la Brigada Investigadora Anticorrupción Metropolitana de la PDI.

El texto acusa a los funcionarios de haber incurrido en una “conducta arbitraria y abusiva”, lo que –según la defensa– quedó evidenciado en un informe que vulnera derechos fundamentales.

“En dicho informe, se incumplieron gravemente los deberes de los funcionarios, afectando el derecho a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones de mi representada, doña Irací Hassler Jacob”, se lee en la presentación.

Por ello, la defensa solicitó la rectificación del informe, exigiendo la eliminación de todas las conversaciones que no tengan relevancia criminalística conforme a los estándares legales y constitucionales.

Además, pidieron que se inicie una investigación sumaria para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados y de cualquier otra persona que haya autorizado la difusión de estos antecedentes.

 

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