Las prestaciones que entrega Clínica Dávila a Fonasa estarían en serio riesgo de no poder continuar realizándose debido a la histórica deuda hospitalaria que la salud pública mantiene con el recinto de salud que pertenece a Empresas Banmédica.
«Está en riesgo nuestra sostenibilidad», dijo José Ignacio Valenzuela, gerente general de la clínica en un reportaje de El Mercurio.
El 52,5% de los pacientes que atiende el recinto proviene del sector público. Son 32 mil cirugías, 664 mil consultas, 54 mil atenciones de urgencia, 11.500 mil hospitalizaciones de cirugía y 8.000 PAD (Pago Asociado a Diagnóstico).
Al 31 de julio, la deuda del Estado con todas las clínicas del conglomerado —propiedad de la estadounidense United Health Group— asciende a $94.436 millones. La más afectada es Dávila, con una deuda de $76.251 millones. De ese total, $48.493 millones corresponden a la sede de Recoleta y $27.759 millones a la de Vespucio.
El 90% de la deuda que mantiene Fonasa con Dávila corresponde a prestaciones otorgadas por Ley de Urgencia —que implica riesgo de muerte o de secuela funcional grave— y Rebase, prestaciones otorgadas posestabilización del paciente, período en que debería ser trasladado al prestador público que le corresponde, pero que muchas veces no ocurre por falta de capacidad de la red pública, por lo tanto, permanece en la clínica.
El restante 10% de la deuda corresponde a prestaciones de casos Covid, GES y listas de espera, entre otras.
