El reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), que decretó la cesación de la senadora Isabel Allende (PS) por la firma de un contrato con el Estado para vender la casa de su padre —el expresidente Salvador Allende—, ha generado un intenso debate político y jurídico. Desde el Ejecutivo se calificó la decisión como un “precedente grave”, mientras en el Congreso crecen las alertas ante la posibilidad de que más legisladores enfrenten situaciones similares.
De acuerdo a un reportaje de The Clinic, varios parlamentarios actuales podrían verse afectados por el artículo 60 de la Constitución. Esta norma establece que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
Si bien los antecedentes recabados se basan en información de acceso público, muchas sociedades en las que participan parlamentarios no son completamente transparentes, lo que abre interrogantes sobre la amplitud del problema.
NOMBRES EN LA MIRA
Uno de los casos más notorios es el del senador Juan Castro Prieto (PSC), vinculado a la Constructora Indemma, empresa que ha recibido más de $3 mil millones en órdenes de compra de organismos públicos, según el portal Mercado Público.
También figura el senador Fidel Espinoza (PS), quien integró la sociedad Difusora Fresia Limitada hasta 2018. Esta empresa obtuvo $14 millones de municipalidades en la región de Los Lagos. Espinoza asegura que dejó la sociedad en 2005, y que su permanencia hasta 2018 fue producto de un error en el Registro de Comercio. “Jamás he recibido un peso”, afirmó.
Otro caso es el del diputado y precandidato presidencial Jaime Mulet (FRVS). Dejó la sociedad Rodríguez y Compañía Limitada un mes después de asumir su escaño. Sin embargo, la empresa recibió cerca de $2 millones de instituciones públicas entre octubre de 2017 y enero de 2018 por la operación de una radio en Vallenar. A ello se suma que su esposa, Flavia Torrealba, quedó como contralora de la firma.
Lea también Diputados apoyan Viernes Santo como feriado irrenunciable
Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) figura como socia de una empresa accionista de Cumplo Chile Spa, que ha recibido más de $28 mil millones desde la Tesorería General de la República y Corfo. Además, una empresa que comparte con su esposo —Asesorías Paul y Cía. Ltda.— firmó un contrato por $9 millones con el Sistema de Empresas Públicas (SEP) en 2010. Ossandón defendió el vínculo, señalando que su esposo “cuenta con mucha experiencia y una larga trayectoria” en asesorías de Gobiernos Corporativos.
Finalmente, se cita al diputado Luciano Cruz-Coke (EVO), quien arrendó una propiedad a la Junji entre 2015 y 2020 por un valor de $4 millones mensuales. Aunque el contrato se inició antes de su mandato como parlamentario, la relación contractual se mantuvo por años mientras ejercía su cargo.
TC EN EL CENTRO DEL DEBATE
Ministros del Tribunal Constitucional, consultados por The Clinic, reconocen que la situación abre dos posibles caminos: que el fallo contra Allende sea el primero de varios en cadena, afectando a otros legisladores con vínculos contractuales con el Estado; o que, ante la magnitud del precedente, el propio TC revierta la decisión antes de su publicación oficial.
Cabe recordar que la resolución contra Allende aún no ha sido formalmente notificada ni publicada por el Tribunal, y se conoció solo a través de filtraciones a la prensa.
Independiente del camino que tome el TC, lo cierto es que la decisión marca un antes y un después en la jurisprudencia constitucional, y podría tener consecuencias de amplio alcance para el Congreso y parlamentarios, sin distinción de partidos.
Se les viene la noche a varios diputados y senadores con posibles contratos con el Estado. El TC ya no podrá hacerse el leso. pic.twitter.com/3PLaS67wp0
— Pedro Cayuqueo (@pcayuqueo) April 8, 2025
