Mal le fue al Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el escrito que ingresó ante la Corte Suprema para extender por tercera vez la visita de Romy Rutherford en la causa que indaga el fraude en el Ejército: el pleno del máximo tribunal no estuvo de acuerdo y en votación dividida -por 11 votos contra 7- rechazó la petición.
Aunque ya había anunciado que no accedería a otra prórroga, el CDE igual buscaba que el máximo tribunal otorgara otros seis meses a la ministra para continuar su investigación, tal como ya lo había hecho en 2020 y en marzo de 2022, tras aprobarse una indicación a la denominada “Ley Rutherford”. Esa extensión termina el 4 de septiembre próximo.
En el escrito entregado por el CDE se insistió en que hay pendientes que es importante que resuelva Rutherford: «Solo entre el 1 de enero y el 18 de agosto, la ministra ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos; ha practicado 12 incautaciones, tanto en dependencias del Ejército como en empresas particulares, y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción. En este punto es importante destacar que a la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega”, detallaron.
La causa “consta en la actualidad de 48 cuadernos en diferente situación procesal, que se tramitan en 377 tomos, 1.651 archivadores con documentación remitida por distintos órganos, como la Brigada Anticorrupción, Ejército, Contraloría General de la República, entidades bancarias y otras tantas carpetas y legajos que suman 2.669 volúmenes de información, todos los cuales han servido de sustento a los numerosos autos de procesamiento y sentencias dictadas en ellos”.
Romy Rutherford asumió el 3 de marzo de 2017 la investigación del denominado caso “fraude en el Ejército’’ y sus más de 40 aristas. A raíz de eso, por su oficina ha visto desfilar a casi todos los excomandantes en jefe del Ejército designados en democracia y los más altos rangos de la institución castrense, varios de ellos procesados y algunos presos.
Desde ese momento, ha encausado a 68 uniformados, entre ellos, los últimos cuatro comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022), aunque este último fue revocado por la Corte Marcial.
Rutherford tuvo que analizar 2.670 archivadores guardados en una bóveda para lograr armar los casos en contra de los altos funcionarios y exfuncionarios del Ejército.
Una vez que la ministra en visita deje el cargo, la causa quedaría en manos de Jenny Book -quien ya integra la Corte Marcial- o de Ana María Osorio, quien en julio pasado fue electa para integrarse a la instancia, justamente en reemplazo de la jueza saliente.
