Luego de que el Tribunal Constitucional (TC) resolviera la destitución de la senadora Isabel Allende, The Clinic reveló que otros cinco parlamentarios podrían enfrentar una situación similar, debido a eventuales vínculos económicos con el Estado mientras ejercen sus funciones. Entre los casos destacados figura el de la diputada Ximena Ossandón (RN).
Tanto en el TC como en el Congreso, estos antecedentes están siendo revisados con especial atención.
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Desde la Cámara de Diputados, integrantes del Partido Socialista informaron este miércoles que sus equipos jurídicos ya se encuentran estudiando los antecedentes, con miras a presentar nuevas acciones ante el órgano constitucional.
INQUIETUD
El fallo que afectó a Allende, emitido el jueves 10 de abril, generó inquietud en el Parlamento, ya que plantea una interpretación extensa respecto a las inhabilidades establecidas en la Constitución.
El artículo 60 establece que los legisladores no pueden contratar con el Estado, ya sea directamente, mediante sociedades o incluso a través de terceras personas.
La tensión también se ha trasladado al interior del TC. En medio de las publicaciones de The Clinic, que incluyen a otros congresistas con eventuales relaciones comerciales con el Estado, sobresalieron los nombres de los senadores Juan Castro Prieto (PSC) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), además de la diputada Ossandón.
INVESTIGACIÓN
Según la investigación periodística, Ossandón tendría participación en dos sociedades que, tras su ingreso a la Cámara, han recibido fondos estatales, directa o indirectamente. El caso más delicado es el de Asesorías Paul y Compañía Limitada, creada en 2010 junto a su esposo, con un 50% de propiedad cada uno.
En diciembre de 2018, diez meses después de asumir como diputada, dicha empresa fue contratada por el Sistema de Empresas Públicas (SEP) para prestar servicios de asesoría relacionados al funcionamiento de su directorio.
La contratación ascendió a 320 UF, equivalentes a casi $9 millones (ver contrato).
FIRMA
La segunda firma relacionada con pagos estatales es Paul y Compañía Limitada, constituida en 1989 también por Ossandón y su marido, e integrada posteriormente por sus nueve hijos. A través de esta sociedad, la parlamentaria posee una participación minoritaria en Cumplo Chile, empresa que ha recibido más de $28 mil millones provenientes del fisco desde que Ossandón figura como socia.
Desde Cumplo Chile explicaron a The Clinic que su rol es exclusivamente de cobranza, y que en su opinión, eso no configura un contrato directo con el Estado:
«Cumplo es una plataforma de financiamiento colaborativo, que nació con el único propósito de acelerar el crecimiento de las pymes chilenas. Para hacer esto, conecta a pymes que necesitan financiamiento, con inversionistas que tienen capital para prestar (…) Muchas pymes enfrentan serios problemas de liquidez, porque deben esperar hasta 60, 90 y 120 días para recibir el pago de una factura, bono o subsidio estatal. En 14 años, se han canalizado a través de la plataforma de financiamiento colaborativo de Cumplo, más de USD 3.000 millones a pymes en Chile, México y Perú, de los cuales USD 500 millones corresponden a anticipos de organismos estatales. En este último caso, Cumplo actúa como mandatario de las pymes para realizar la gestión de cobranza. Cumplo no tiene ningún tipo de contrato con organismos estatales», aseguró a The Clinic Nicolás Shea, fundador de Cumplo.
EL ROL DEL ESPOSO DE LA DIPUTADA
De las dos situaciones que podrían comprometer a Ossandón, el vínculo contractual entre su sociedad de asesorías y el SEP parece ser el más evidente.
Su participación como persona natural en la empresa implicaría una vulneración directa al artículo 60 de la Carta Magna, que establece que un legislador perderá su escaño si celebra contratos con organismos públicos.
Uno de los incisos del artículo aclara que esta prohibición aplica «Sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona, natural o jurídica». En otras palabras, también afecta a quienes operen mediante terceros, incluyendo sociedades, como sería el caso de Ossandón.
CONTRATACIÓN
La contratación se formalizó en diciembre de 2018, cuando ya llevaba diez meses en el Congreso. En ese momento, Asesorías Paul y Compañía Limitada de propiedad compartida entre Ossandón y su esposo—cerró un trato directo con el SEP, dependiente del Ministerio de Economía, para asesorar en materia de evaluación de directorios.
El contrato indica que el SEP solicitó una cotización a la firma de la parlamentaria, dado que «Revisado el catálogo de Productos y Servicios publicado en el portal www.mercadopublico.cl, concluye que el servicio requerido no se encuentra disponible a través del sistema de Convenios Marco de la Dirección de Compras y Contratación Pública».
Esto reviste especial relevancia, ya que la ley exige que los tratos directos se sustenten en causales justificadas; de lo contrario, se debe recurrir a licitación o seleccionar a un proveedor autorizado.
ASESORÍA
La asesoría fue realizada por el esposo de Ossandón, Luis Hernán Paul Fresno, y se extendió hasta agosto de 2019. Por ese trabajo, la sociedad recibió 320 UF, alrededor de $9 millones (ver orden de compra).
Permaneció en el cargo por más de cuatro años, percibiendo un salario mensual de $1.734.500.
DIPUTADA
Consultada por The Clinic sobre estos antecedentes, la diputada Ossandón confirmó la información:
«En el caso de Asesorías Paúl y Cia, la cual es una sociedad de asesorías e inversiones, en la cual él (Luis Hernán Paul) también me hizo partícipe cuando partió en el año 2009, el realizó efectivamente hace varios años una asesoría al Sistema de Empresas Públicas (SEP) en materia de Gobiernos Corporativos, tema en el cual él cuenta con mucha experiencia y una larga trayectoria», aseguró la parlamentaria.
