Durante una reunión en Washington con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele rechazó categóricamente devolver a su país de origen al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego García, deportado por error a El Salvador pese a contar con una orden judicial que impedía su expulsión. “No voy a liberar a un terrorista. No nos gusta liberar terroristas en nuestro país”, afirmó Bukele desde la Oficina Oval, donde tildó a Ábrego de criminal peligroso y aseguró que su liberación pondría en riesgo la seguridad alcanzada en El Salvador.
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El caso ha causado polémica luego de que el Tribunal Supremo de EE.UU. ordenara la repatriación de Ábrego, quien fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a pesar de no tener antecedentes penales en suelo estadounidense. Bukele, sin embargo, insiste en que el hombre es miembro de la MS-13 y que su encarcelamiento es parte de su política de “tolerancia cero” al crimen.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, respaldó parcialmente esa postura al declarar que el retorno de Ábrego depende exclusivamente de las autoridades salvadoreñas, aunque reconoció que, si El Salvador opta por cumplir la orden judicial, EE.UU. facilitará el regreso.
ACUERDO MIGRATORIO BAJO ESCRUTINIO
El encuentro entre Trump y Bukele coincidió con la implementación de un convenio bilateral que permite a Washington trasladar a supuestos miembros de pandillas como Tren de Aragua y MS-13 al Cecot.
Desde marzo, Estados Unidos ha enviado al penal salvadoreño a más de 240 migrantes —en su mayoría venezolanos— acusados sin respaldo judicial firme, según un informe de Bloomberg que advierte que el 90 % de ellos no tiene antecedentes.
La estrategia se ampara en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por la administración Trump, la cual autoriza deportaciones sin juicio previo, una medida avalada recientemente por la Corte Suprema.
CRÍTICAS A LA COOPERACIÓN MIGRATORIA
Aunque Trump agradeció el apoyo de Bukele en temas migratorios y lo calificó como “aliado esencial”, organizaciones como Human Rights Watch han denunciado una política de “desapariciones forzadas” e incomunicación de detenidos. Aun así, Bukele reafirmó su disposición a ayudar a EE.UU.: “Si podemos ayudar, lo haremos. Somos un país pequeño, pero dispuesto”.
La política migratoria conjunta sigue generando fuertes cuestionamientos sobre derechos humanos, transparencia y legalidad en ambas naciones.
