El Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite el requerimiento ingresado por el Ejecutivo en el contexto del conflicto por el proyecto minero-portuario Dominga, intensificando así la confrontación entre el gobierno y los tribunales ambientales.
Esta decisión implica además la paralización de los procesos en curso ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta y el Primer Tribunal Ambiental, lo que marca un punto de inflexión en la disputa institucional.
Lea también: Encuentran a hombre fallecido en el Barrio Yungay
La presentación fue realizada el 23 de marzo por el Comité de Ministros máxima autoridad administrativa en asuntos ambientales, luego de que el Primer Tribunal Ambiental instruyera al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitir una nueva resolución respecto del proyecto a fines de 2024.
ORDEN
Desde el gobierno acusan que dicha orden excede las facultades del tribunal y vulnera competencias que recaen exclusivamente en el Comité.
«La presentación busca resguardar las atribuciones legales del Comité de Ministros», señalaron desde el Ejecutivo, enfatizando que el SEA, como órgano técnico, no tiene atribuciones para sustituir decisiones del Comité.
El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, sostuvo que el Ejecutivo está «Utilizando las herramientas que contempla nuestra Constitución para hacer valer el Estado de derecho».
Por su parte, la ministra (s) vocera de gobierno, Aisén Etcheverry, afirmó que el TC tiene la facultad para aclarar los límites entre las competencias judiciales y administrativas.
TC
El fallo del TC, fechado el 15 de abril, concluye que la solicitud gubernamental cumple con los requisitos formales establecidos por la Constitución y la Ley Orgánica del tribunal, por lo que se declara admisible la disputa de competencias.
A su vez, considerando el riesgo de un «daño irreparable» si los procesos judiciales continuaban en paralelo, el TC resolvió suspenderlos de manera provisional.
La Segunda Sala tomó esta determinación con los votos favorables de los ministros Nancy Yáñez, María Pía Silva y Mario Gomez Montoya, mientras que Raúl Mera Muñoz y Marcela Peredo Rojas votaron en contra, argumentando que no se cumplían las condiciones necesarias para admitir el requerimiento.
DOMINGA
Desde la empresa Andes Iron, responsable del proyecto Dominga, calificaron la acción del Ejecutivo como «Una nueva maniobra dilatoria».
La firma asegura que el dictamen del Primer Tribunal Ambiental solo busca garantizar que se cumpla la sentencia emitida el 9 de diciembre de 2024, y que el Comité de Ministros ya agotó sus atribuciones. En esa línea, solicitaron al SEA que reevalúe el estatus del proyecto y lo modifique a «aprobado».
El conflicto en torno a Dominga, atravesado por decisiones técnicas, jurídicas y políticas, sigue escalando mientras el Tribunal Constitucional se prepara para abordar el fondo del caso y determinar los límites entre las facultades de los distintos órganos del Estado.
