Una delegación del Parlamento Europeo denunció este miércoles que el gobierno húngaro, liderado por el ultranacionalista Viktor Orbán, avanza en la restricción de derechos fundamentales, con un nuevo blanco a la vista: la comunidad LGBTQI+.
La preocupación estalló tras la aprobación de una enmienda constitucional que prohíbe las reuniones que promuevan o exhiban la homosexualidad o el cambio de sexo, lo que en la práctica impide la realización de la tradicional Marcha del Orgullo en Budapest.
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LLAMADO A INTERVENIR
Tineke Strik, eurodiputada neerlandesa y jefa de la misión parlamentaria de la comisión LIBE, advirtió que la ley «viola principios esenciales de la Unión Europea» como la libertad de expresión y reunión. “Esto es muy grave. La primera víctima será la comunidad LGTBQI+, ya muy atacada”, sentenció Strik.
La delegación –compuesta por cinco eurodiputados– entregó una carta formal a la Comisión Europea solicitando que acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) con una medida cautelar urgente para frenar la aplicación de la ley antes de la fecha prevista para el Orgullo.
HOSTILIDAD INSTITUCIONAL
Según denunció Michal Wawrykiewicz, del Partido Popular Europeo (PPE), el ambiente en las reuniones con el gobierno húngaro fue tenso y abiertamente hostil. “No solo nos enfrentamos a discursos agresivos, sino también a un cierre total al diálogo institucional”, detalló.
Ni los ministros de Justicia e Interior, ni los presidentes de los principales tribunales del país, aceptaron reunirse con la delegación. Tampoco lo hizo el comisario de Derechos Fundamentales.
LEGALIDAD EUROPEA
Hungría ya acumula varios incumplimientos de sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente en materia de Estado de derecho.
Viktor Orbán defiende la nueva legislación bajo el argumento de “proteger a la infancia”, aunque la medida antepone esa supuesta protección a derechos fundamentales, según denuncian organismos internacionales.
Mientras tanto, la Comisión Europea mantiene abierta una investigación formal y su comisario de Justicia, Michael McGrath, ya advirtió que “el derecho a manifestarse pacíficamente es un valor fundamental de la UE”.
