Las declaraciones de Evelyn Matthei sobre el Golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos continúan generando debate. A pesar de que varios parlamentarios de su sector salieron en su defensa, las críticas no han disminuido. Desde distintos sectores políticos calificaron sus afirmaciones como inaceptables.
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Incluso el Presidente Gabriel Boric reaccionó ante la controversia. Sin mencionar directamente a la exalcaldesa, publicó en su cuenta de X el siguiente mensaje: «El golpe de Estado en Chile no es justificable. La Dictadura fue criminal e ilegítima desde 11 de Septiembre de 1973 hasta el 11/03/1990. Nada justifica los asesinatos, los desaparecidos, las torturas, el exilio. Ni el 73, 74, 83, 85, o el año que sea. Democracia siempre».
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Más tarde, el Mandatario abordó el tema de manera más directa al publicar en su cuenta de Instagram un video que contenía una entrevista concedida por Matthei en 1999, donde expresaba opiniones similares respecto a la dictadura.
MALESTAR EN LA UDI
La acción provocó un inmediato malestar en el entorno de la candidata, lo que llevó a la UDI a anunciar acciones en contra del Presidente. Según indicaron, recurrirán a la Contraloría para que revise la conducta del jefe de Estado.
El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, junto al diputado Juan Manuel Fuenzalida, informaron que enviarán un oficio al órgano contralor solicitando una investigación por el eventual uso de redes sociales personales del Presidente durante su jornada laboral, lo que podría contravenir el principio de «apoliticidad».
Ambos parlamentarios mencionaron el Artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el cual establece que los funcionarios públicos «Estarán impedidos de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración».
ACCIÓN
Cabe destacar que esta acción se presenta pocos días después de que la Contraloría emitiera directrices destinadas a resguardar la neutralidad de los funcionarios ante el proceso electoral.
En esas instrucciones se enfatiza la obligación de respetar el principio de prescindencia política, que impide a los servidores públicos utilizar recursos, plataformas o infraestructura institucional con fines proselitistas o en apoyo a candidaturas.
