Un número acotado de médicos concentra buena parte del gasto en subsidios por incapacidad laboral. Así lo revela el último informe de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), que alerta sobre una preocupante concentración en la emisión de licencias médicas electrónicas.
Durante 2024, se registraron 8.049.791 licencias médicas electrónicas (LME) con pronunciamiento, lo que implica un crecimiento del 2,1% respecto al año anterior. De ellas, un 82,9% fue emitido por profesionales con pacientes de Fonasa, mientras que el 17,1% correspondió a Isapres.
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MÉDICOS DE ALTO VUELO
Chile cuenta con más de 50 mil profesionales habilitados para emitir LME. Sin embargo, solo 309 de ellos —el 0,6%— entregó más de 1.600 licencias en el año. Este grupo acaparó el 9,1% del gasto en subsidio por incapacidad laboral (SIL), que en 2024 alcanzó los $280.028 millones.
Y dentro de ese reducido grupo, 11 médicos emitieron más de 5.000 licencias cada uno. Esos profesionales, apenas el 0,02% del total, concentran una porción importante del gasto en subsidios por enfermedad.
Según el informe, este grupo otorgó licencias por un promedio de 22,3 días cada una, mientras que la media general fue de 13,6 días. La diferencia no es menor si se toma en cuenta el impacto económico.
En contraste, el 99,4% de los emisores, que entregó menos de 1.600 licencias, concentró el 90,9% restante del gasto, equivalente a $2.797.209 millones.
SALUD MENTAL
El diagnóstico que más se repitió en estas licencias fue por temas ligados a la salud mentales, que representan el 80,7% de los permisos emitidos por los médicos que superan las 5.000 licencias al año. En contraste, entre quienes emiten menos de 1.600, los trastornos mentales solo representan el 27,6%.
Ese tipo de diagnóstico significó, además, el 40,4% del gasto total en subsidio por incapacidad laboral en 2024.
UN PATRÓN QUE SE REPITE
El informe detalla que la mayoría de los grandes emisores no cuenta con especialidad médica, y 9 de los 11 con más de 5.000 LME son extranjeros. En el total, el 23% de los profesionales habilitados en Chile es extranjero, pero en el grupo de mayor emisión, la cifra se eleva al 81,8%.
Otro dato clave es la tasa de rechazo de licencias, que aumenta a medida que crece la emisión. Mientras que los profesionales con menos de 1.600 LME tuvieron un rechazo del 5,8%, los que superan las 5.000 registraron un 18,4%.
A pesar de esto, la Suseso advierte que muchas de estas pueden revertirse tras los procesos de apelación, por lo que no es posible hacer comparaciones definitivas entre años.
LUPA DEL SUSESO
Frente a estos datos, la superintendenta Pamela Gana recalcó que “este informe evidencia que la alta emisión de licencias médicas está focalizada en un grupo muy reducido de profesionales de la salud”.
Agregó. “En los casos en que se observe un comportamiento poco usual en la emisión de licencias médicas, como superintendencia investigamos a dichos profesionales para determinar posibles sanciones. Además, la actual normativa contempla la posibilidad de inhabilitar preventivamente al profesional, requiriéndole efectuar un nuevo proceso de enrolamiento en el sistema”.
INVESTIGACIONES Y SANCIONES
Entre 2023 y 2024, la Suseso abrió 1.527 investigaciones por irregularidades en la emisión de licencias. De ellas, 420 terminaron con multas y 98 con suspensión del derecho a emitir LME. Estos procesos han tenido un impacto concreto: los profesionales investigados pasaron de concentrar el 11,5% del total de licencias en 2023, a solo el 7,4% en 2024.
Aun así, el “tramo 4” –como llama el informe a los grandes emisores– sigue activo. Aunque los siete médicos que estaban en ese grupo en 2023 bajaron de categoría, surgieron 11 nuevos en 2024, y 10 de ellos fueron investigados ese mismo año.
UN SISTEMA QUE SE AJUSTA
Aunque el promedio de días por licencia bajó ligeramente de 13,7 a 13,6 días, la Suseso sigue observando patrones que inquietan. Más licencias, más días, y más gasto público asociado.
“Como superintendencia buscamos entregar información a la ciudadanía que aporte al conocimiento y evaluación de este instrumento de la seguridad social y así cumpla con su propósito de tratamiento médico y de proteger a las y los trabajadores enfrentados a una enfermedad”, concluyó Gana.
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