La comisión investigadora por la fallida compra-venta de la casa del expresidente Salvador Allende enviará un cuestionario al mandatario Gabriel Boric.
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Esto con el fin de esclarecer el grado de participación de la máxima autoridad política del país en el controvertido episodio que implicó la salida de las exministras de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, y de Defensa, Maya Fernández, así como de la destitución de la senadora Isabel Allende (PS) en el Tribunal Constitucional.
EL CUESTIONARIO
El plazo impuesto para el ingreso de preguntas vence la medianoche de este lunes. Luego la instancia realizará un consolidado, el que será enviado al Jefe de Estado.
Esta tarde, la UDI envió a la comisión un documento de tres páginas con 25 preguntas. El texto enviado por el gremialismo tiene como fin que el Mandatario pueda contestarlo “de manera personal y, en lo posible, a la brevedad posible”.
En el mismo tenor, la diputada Gloria Naveillan (PNL) también elaboró un escrito, de diez preguntas, cuyo objetivo apunta a lo mismo en cuanto al rol que tuvo Boric en el proceso.
CUESTIONARIO DIPUTADOS UDI
1. A modo general, ¿cuál fue su participación en la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende, desde el inicio del proceso hasta la respectiva firma de los decretos?
2. Durante todo el proceso, ¿recibió algún tipo de advertencia sobre la norma constitucional que impedía avanzar en la adquisición del inmueble, dada la calidad de propietarias que ostentaba una ministra de Estado y una parlamentaria en ejercicio?
3. ¿Usted tampoco tuvo a la vista tal inhabilidad, atendido su conocimiento a partir de su calidad de egresado de Derecho y su experiencia de ocho años como diputado?
4. En caso de reconocer que no reparó en dicha norma, ¿cómo calificaría su actuación?
5. ¿Qué autocrítica podría realizar, entendiendo que los decretos incluso llevan su firma?
6. ¿Podría garantizar que ningún funcionario le advirtió sobre la eventual infracción, ya sea en una instancia formal o en algún otro contexto, inclusive de carácter informal?
7. ¿Podría descartar algunas versiones que aseguran que usted sí tuvo a la vista la inhabilidad que existía, pero que de todas formas pidió seguir adelante con el proceso?
8. ¿Puede garantizar, al mismo tiempo, que tampoco conversó con la ex senadora Isabel Allende y con la ex ministra Maya Fernández sobre la inhabilidad legal que existía?
9. Usted reconoció públicamente que la decisión de adquirir la casa de Salvador Allende fue suya y que así se lo planteó desde un inicio a la ex senadora. ¿En ese momento nadie de su familia, inclusive ella, le advirtió sobre la prohibición legal que existía?
10. La jefa de la División Jurídico-Legislativa de la Secretaría General de la Presidencia, Francisca Moya, con quien usted mantiene una relación de amistad desde hace más de una década, cuando ambos compartían en la Universidad de Chile, reconoció que durante la revisión de los decretos -tanto ella como su equipo- sí tuvieron a la vista la norma constitucional que impedía avanzar con la compraventa de la propiedad. ¿Ella tampoco le informó, de manera formal o informal, sobre la prohibición que existía?
11. Ella deslizó que no informó de esto a sus autoridades superiores porque no era una tarea que le correspondía. A partir de todos los efectos que ha conllevado el fallido proceso de compraventa, ¿considera una respuesta sensata? ¿Hubiese esperado que le informara sobre el impedimento legal? ¿Ha conversado con ella sobre este asunto?
12. Considerando que el proceso derivó en la destitución de una senadora en ejercicio y en la salida de dos ministras de Estado, además de cuatro funcionarios, ¿no cree que debió haber solicitado la renuncia a Francisca Moya por no advertir dicha situación?
13. En la misma línea, ¿qué responsabilidad política le cabe a Álvaro Elizalde, quien en ese momento ejercía como ministro de la Secretaría General de la Presidencia?
14. ¿Estima como suficientes las salidas que se han concretado a la fecha o aún existen responsabilidades políticas por ejercerse? De ser así, ¿de quiénes y por qué motivos?
15. La abogada particular de la ex senadora Allende, Paula Vial, aseguró que 17 abogados estuvieron encima del proceso. ¿No ejercerá una responsabilidad política sobre ellos?
16. Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional en contra de la ex senadora Allende, tres de sus ministros -Aisén Etcheverry, Álvaro Elizalde y Jaime Gajardo aseguraron que la resolución constituía un “precedente grave”. ¿Cómo calificaría esas declaraciones? ¿No las considera como una intromisión a la independencia judicial?
17. ¿Cómo calificaría usted la decisión mayoritaria del TC de destituir a Isabel Allende?
18. ¿Considera que tiene algún grado de responsabilidad -por acción u omisión- en la destitución de la ex senadora y, por consiguiente, en el término de su carrera política?
19. ¿Coincide con algunas voces del oficialismo o, incluso, con la propia ex senadora Allende, en que se le ha dado un uso político a este caso, pese a la sentencia del TC?
20. ¿Cómo califica las declaraciones que entregó la ex parlamentaria, quien manifestó que “en ningún momento, ningún ministerio, funcionario ni autoridad involucrada nos advirtió o recordó que existía una posible inhabilidad constitucional (…)”?
21. ¿Considera que la ex senadora Allende y la ex ministra Fernández, en su calidad de autoridades, así como por la asesoría jurídica que disponían y, especialmente, por su experiencia como parlamentarias, también tienen una responsabilidad en los hechos?
22. ¿Le parece suficiente que se hayan excusado aludiendo a que no tienen la calidad de abogadas? ¿No cree que sus abogados también debieron haber hecho las advertencias?
23. ¿Usted autorizó o estuvo al tanto de la decisión del Ministerio de Bienes Nacionales de subir en casi $100 millones el valor de la propiedad, a partir de la disconformidad que manifestó la Familia Allende por la diferencia que existía entre las tasaciones?
24. ¿La ex senadora Allende, la ex ministra Fernández o alguno de los propietarios o sus representantes no realizaron gestiones con usted para aumentar el monto de la casa?
25. Ahora que ya no existe el impedimento legal tras la salida de Isabel Allende y Maya Fernández, ¿va a dar la orden de continuar con el proceso de compraventa de la casa?
CUESTIONARIO DIPUTADA NAIVELLÁN
1. ¿Cuándo y cómo se originó la iniciativa de adquirir la casa de Salvador Allende para convertirla en museo? Usted ha mencionado que propuso esta idea a la familia Allende y Aylwin. ¿Podría detallar cómo se gestó esta propuesta y quiénes participaron en su formulación?
2. ¿Estaba al tanto de que entre los copropietarios del inmueble se encontraban la senadora Isabel Allende y la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández? Dado que la Constitución prohíbe a ministros y parlamentarios celebrar contratos con el Estado, ¿fue informado sobre esta situación antes de firmar el decreto de compra?
3. ¿Recibió advertencias sobre la posible inconstitucionalidad de la transacción? Según declaraciones, la jefa de la División Jurídica-Legislativa de la Segpres, Francisca Moya, y su equipo conocían la probable inconstitucionalidad de la compra. ¿Le comunicaron esta información antes de proceder?
4. ¿Qué medidas tomó al conocer la participación de autoridades inhabilitadas en la operación? Al enterarse de que la senadora Allende y la ministra Fernández eran copropietarias, ¿qué acciones emprendió para abordar este conflicto de interés?
5. ¿Por qué se continuó con el proceso de compra a pesar de las advertencias legales? Si existían alertas sobre la inconstitucionalidad de la operación, ¿por qué se procedió con la firma del decreto de compra?
6. ¿Considera que hubo negligencia por parte de su equipo asesor en este proceso? Dado que se han señalado posibles omisiones por parte de asesores presidenciales, ¿cree que hubo falta de diligencia en la revisión y gestión de esta compra?
7. ¿Qué responsabilidad asume personalmente en la fallida adquisición de la propiedad? Como presidente y firmante del decreto, ¿qué grado de responsabilidad considera que tiene en este caso?
8. ¿Qué acciones ha tomado para evitar situaciones similares en el futuro? Tras esta experiencia, ¿ha implementado medidas para fortalecer los procesos de revisión legal y administrativa en adquisiciones estatales?
9. Dado que la jefa de la División Jurídica de la Segpres, Francisca Moya, y su equipo estaban al tanto de la probable inconstitucionalidad de la compra, ¿por qué se procedió con la firma del decreto sin considerar estas advertencias? ¿Se evaluaron las posibles consecuencias legales y políticas de continuar con la operación?
10. Considerando que la familia Allende planeaba que, tras la venta, la casa fuera entregada en comodato a la Fundación Salvador Allende —de la cual la senadora Isabel Allende era miembro honorario—, ¿estaba usted al tanto de este plan? ¿Cómo se evaluó este acuerdo en términos de transparencia y potencial conflicto de interés?
