Este jueves, se dio a conocer que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó, en Fase 1 de investigación y sujeta al cumplimiento de medidas de mitigación, la operación de concentración consistente en un acuerdo de asociación público-privado entre Codelco y SQM.
En concreto, la operación sometida al conocimiento de la FNE consiste en un acuerdo entre Codelco y SQM para la creación de un «joint venture». Lo cual, es destinado a las actividades de extracción, producción y comercialización de los minerales provenientes del Salar de Atacama, principalmente hidróxido y carbonato de litio.
El «joint venture» contempla dos etapas diferenciadas para su administración. Durante el primer período, que va entre 2025 y 2030, será controlado por SQM y durante el segundo período, que se extiende entre 2031 y 2060, su control estará en manos de Codelco.
Según dio a conocer Codelco, la aprobación se suma a las que ya entregaron las autoridades de libre competencia de Brasil, Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita y la Unión Europea. «Estamos muy satisfechos con esta resolución, porque confirma que la asociación avanza según lo planificado», comentó en un comunicado Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.
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ASOCIACIÓN ENTRE CODELCO Y SQM
Según comunicó la FNE, luego de un análisis en profundidad de los mercados, «verificó que la operación podía reducir sustancialmente la competencia. Dado que implicaría la creación de un nuevo vínculo estructural entre actores actuales y futuros de la industria del litio dentro del mediano a largo plazo. Lo que podría incrementar los riesgos de coordinación y de acceso a información comercialmente sensible entre competidores».
En respuesta a estos riesgos identificados por la FNE, Codelco y SQM ofrecieron una serie de medidas de mitigación. Las cuales, son con el objeto de restringir los posibles flujos de información comercial sensible que podrían producirse a propósito de la operación y de sus acuerdos relacionados.
Las soluciones ofrecidas por Codelco y SQM abarcan la configuración del gobierno corporativo del «joint venture» y su estructura de control. En concreto, prohíbe la participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más empresas competidoras entre sí.
Asimismo, respecto del «joint venture» se amplió la prohibición de interlocking a aquellas personas que desempeñan el cargo de empleado y a quienes han prestado asesorías en el mercado del litio dentro del último año.
Por su parte, los directores y ejecutivos relevantes del joint venture deben asumir como propios los compromisos asumidos por las partes ante la Fiscalía. Esto, comprometiéndose especialmente a no compartir con terceros información comercial sensible de la empresa.
Respecto al accionista controlador del «joint venture», quedó establecido que, además de comprometerse a no compartir información comercial sensible del «joint venture» con terceros, debe instar a sus directores a asumir compromisos equivalentes.
Para monitorear y fiscalizar la observancia de las medidas, la División de Fiscalización de la FNE iniciará una investigación que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos adoptados por las partes.
