El gobierno de Brasil destapó este miércoles un presunto esquema de fraude masivo que afectó a jubilados y pensionados en todo el país, con un perjuicio estimado de hasta 1.100 millones de dólares. La red operó entre 2019 y 2024 mediante descuentos no autorizados en beneficios previsionales, supuestamente cobrados por sindicatos y asociaciones que ofrecían servicios como asesoría legal o descuentos en salud, pero que muchas veces ni siquiera contaban con estructura operativa.
Lea también Un papa africano sigue siendo una promesa lejana
El gobierno destituyó al presidente del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS), Alessandro Antonio Stefanutto, en el marco de la investigación, y suspendió a cuatro funcionarios de la entidad junto a un agente de la Policía Federal. Además, la Policía detuvo a tres personas y busca a otras tres que permanecen prófugas.
La operación, liderada por la Policía Federal, incluyó más de 200 allanamientos en distintos estados y el decomiso de bienes valuados en 175 millones de dólares. Las autoridades investigan delitos como corrupción activa y pasiva, falsificación de documentos, lavado de dinero y asociación ilícita.
Según el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, el fraude afectó principalmente a personas mayores que se encontraban en situación de vulnerabilidad: “Los delincuentes se aprovecharon de la fragilidad de los jubilados”.
La Contraloría General indicó que gran parte de los descuentos fue aplicada sin consentimiento, y se detectaron firmas falsificadas en numerosos casos. En respuesta, la Abogacía General de la Unión (AGU) conformó un equipo especial para recuperar los fondos descontados irregularmente.
ESCÁNDALO GOLPEA AL GOBIERNO DE LULA
La trama habría comenzado en 2016 y se prolongó durante los mandatos de Michel Temer, Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. Aunque la administración de Lula ha intentado liderar la investigación, el caso amenaza con erosionar aún más su imagen, ya golpeada por el alza del costo de vida y recientes controversias políticas.
A inicios de abril, las acusaciones por sobornos en 2022 forzaron la renuncia del ministro de Comunicación, Juscelino Filho, lo que intensificó el impacto del actual escándalo. Además, el presidente Lula enfrentó críticas por otorgar asilo humanitario a Nadine Heredia, exprimera dama peruana condenada por lavado de dinero.
La figura del presidente sigue marcada por su historial judicial: estuvo preso 580 días por cargos de corrupción antes de que el Supremo Tribunal Federal anulara las condenas por considerar parcial al juez que lo procesó. Pese a esa anulación, la percepción de corrupción aún persiste entre parte del electorado.
❗️🇧🇷 – Billion-Real Fraud in Brazil: The National Union of Retirees, Pensioners and the Elderly (Sindnapi), whose vice president is José Ferreira da Silva, known as Frei Chico — brother of President Luiz Inácio Lula da Silva — is under investigation for a fraud scheme worth R$6.3… pic.twitter.com/yVeUYOIR0y
— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 24, 2025
