La Corte Suprema dictó este lunes un severo fallo contra el Ministerio Público, acogiendo un recurso de amparo a favor del ministro del Tribunal Constitucional (TC) Héctor Mery, y ordenando la devolución inmediata de su teléfono celular, incautado en marzo en el marco de una investigación sobre nombramientos judiciales.
El 24 de marzo, a las 7:00 horas, efectivos de la Policía de Investigaciones, acompañados de un fiscal, allanaron el domicilio de Mery e incautaron su teléfono, pese a que este, según su abogado Matías Künssemüller, solo tenía la calidad de testigo y no de imputado en la causa.
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La diligencia fue autorizada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, a solicitud de la Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, liderada por el fiscal Javier von Bischoffshausen.
El argumento de la defensa fue que se vulneraron gravemente las garantías constitucionales de Mery, al realizar un allanamiento intrusivo propio de imputados sin el debido fundamento legal. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó inicialmente el amparo, pero la Sala Penal de la Suprema corrigió el fallo.
CRÍTICAS A FISCALÍA
En su sentencia, la Corte Suprema señaló que se evidenció una “ilegalidad manifiesta” en la incautación, dado que la Fiscalía presentó datos inconexos y trató a Mery como imputado en sus solicitudes, a pesar de que formalmente era solo testigo. Esto, según los magistrados, provocó una vulneración grave de derechos fundamentales, como la inviolabilidad del hogar y el derecho a la defensa.
«Se percibe prístinamente la ilegalidad denunciada (…), permitiendo la ejecución de una actuación lesiva de la libertad personal del señor Héctor Mery Romero», sostiene el fallo, que también critica la falta de precisión en la solicitud de diligencias intrusivas por parte de la Fiscalía, lo que habría inducido a error a la jueza que autorizó el allanamiento.
El tribunal ordenó que el Ministerio Público entregue inmediatamente todos los documentos y objetos incautados entre ellos el celular de Mery, y que el Cuarto Juzgado de Garantía fiscalice el cumplimiento de esta medida.
La sentencia revela además que en estrados, la Fiscalía intentó justificar la medida diciendo que Mery tenía “calidad mixta” de testigo e imputado, argumento desestimado por los jueces.
De hecho, en el expediente, la Fiscalía había negado acceso a la defensa de Mery bajo el argumento de que era solo testigo, generando una «incertidumbre procesal» incompatible con el respeto a las garantías constitucionales.
Desde el Poder Judicial, en voz baja, se comenta que este fallo expone errores graves en el proceder del Ministerio Público, en un caso sensible que involucra a figuras clave del sistema de justicia chileno.
