El fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, quien lidera la investigación del Caso ProCultura, defendió este lunes la intervención al teléfono del ex jefe de asesores del Presidente Gabriel Boric Miguel Crispi (FA).
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El persecutor aseguró que la información filtrada estaba «en la carpeta investigativa del mes de enero, o sea, hace más de casi cinco meses atrás. Se entregaron copias la semana pasada a los intervinientes y la intervención telefónica del señor Crispi estaba autorizada por un tribunal de la República».
«Eso es lo que yo puedo indicar al respecto y en base a conversaciones que lamentablemente se han hecho públicas, el Ministerio Público abrió de oficio una investigación que se denomina el caso por la compra fallida de la casa del expresidente Allende y el fiscal nacional decidió que la Fiscalía Regional de Coquimbo llevara a esa investigación», agregó el persecutor.
Lo anterior, aseguró Cooper, fue el motivo para solicitar una intervención telefónica a Crispi.
FUNDAMENTOS PARA LAS MEDIDAS
En esa línea, se refirió a las críticas emanadas en su contra por parte del Frente Amplio y algunos personeros de Gobierno: «Me llama mucho la atención que se habla de este tema cuando se afecta a ciertas personas, pero cuando se investiga otro tipo de delitos, no se cuestiona las intervenciones telefónicas respecto al narcotráfico, terrorismo, etc. Hay controles cruzados».
«Una de las preguntas que se hacen muchas de las personas es quién controlar a los fiscales, bueno los jueces de garantía. El trabajo del Ministerio Público es esencial en el sistema acusatorio que tenemos. Controles cruzados. El Tribunal de Garantía tiene que autorizar las medidas intrusivas. Y el trabajo del Ministerio Público es solicitar esas medidas intrusivas cuando cree que tienen fundamento. Y la Fiscalía Regional de Coquimbo estimó que tenía fundamento para esas medidas intrusivas», complementó.
Cooper señala que la Fiscalía Regional de Coquimbo tenía «fundamentos para solicitar la intervención. Así lo solicitamos y nos fue otorgada por el Tribunal de Garantía en uso legítimo de las funciones o de las responsabilidades y atribuciones de un juez de garantía».
Finalmente, el persecutor afirmó que el celular «no está intervenido y desde cuándo a cuándo tampoco va a haber información respecto a eso, tomando en cuenta que ProCultura, si bien se venció el plazo de secreto, aún no entregamos copia a ningún interviniente y, por lo tanto, no voy a dar información alguna respecto a esa causa».
