El asesinato de Carlos Acevedo, conocido como “Guatón Mutema”, ex miembro de una banda criminal, provocó un evento que ha sido calificado como un ‘narcofuneral’, un fenómeno recurrente en varias comunas de Chile. El funeral, realizado este viernes en Quilicura, se desarrolló bajo un alto control de la policía, implementando las restricciones de la nueva ley contra los narcofunerales promulgada por el gobierno de Gabriel Boric en diciembre de 2024.
Pero, ¿qué implica esta ley? ¿Qué cambios introduce en la organización de los funerales que, como en el caso de Acevedo, están vinculados al crimen organizado?
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¿QUÉ ES UN NARCOFUNERAL?
Un narcofuneral no es simplemente un velorio. Es un evento que trasciende lo emocional para convertirse en un espectáculo intimidante. En estos funerales, se rinde homenaje a figuras del crimen organizado, y suelen ir acompañados de desórdenes públicos, uso de armas y fuegos artificiales, lo que genera temor en la comunidad y un riesgo evidente para la seguridad pública.
El gobierno chileno ha calificado estas celebraciones como un fenómeno de «riesgo», pues a menudo incluyen cortejos fúnebres que cortan calles y movilizan grandes multitudes.
De acuerdo con el propio gobierno, el objetivo de los narcofunerales es exaltar la figura de aquellos que son considerados «mártires» dentro de las bandas criminales, convirtiendo el funeral en un acto simbólico de poder.
Las autoridades han señalado que estos eventos alteran el orden público, intimidando a los habitantes de los barrios donde se llevan a cabo.
MEDIDAS PARA CONTROLAR
Con la finalidad de frenar la violencia asociada a estos eventos, el gobierno promulgó una ley que regula estrictamente los funerales de personas vinculadas con el crimen organizado.
El reglamento, publicado en marzo de 2025, define el ‘funeral de riesgo’ como “aquel en que existan circunstancias que permitan presumir fundadamente que su realización representa una amenaza o peligro para la seguridad y el orden público”.
La ley establece varias medidas para limitar los narcofunerales y evitar que se conviertan en escenarios de violencia. Uno de los puntos clave es que el proceso completo, desde la inscripción de la defunción hasta la sepultura o cremación, debe realizarse en un plazo máximo de 24 horas. Esta medida busca prevenir aglomeraciones y el uso de estos eventos como plataforma para actos delictivos.
¿CÓMO SE CALIFICAN?
La calificación de un funeral como de ‘riesgo’ será responsabilidad del delegado presidencial regional, quien deberá basarse en un informe técnico elaborado por Carabineros de Chile. Además, el delegado podrá consultar a otras entidades como la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería para evaluar la situación.
Los factores que se consideran incluyen los antecedentes delictuales del fallecido, su vinculación con bandas criminales, el uso de armas o fuegos artificiales, y la posibilidad de que el evento atraiga a una multitud o a grupos antagónicos.
Carabineros también tendrá autoridad para definir el trayecto del cortejo fúnebre y controlar el acceso de los asistentes, impidiendo la participación de personas bajo los efectos del alcohol o las drogas. Además, el Registro Civil y el Servicio Médico Legal deberán priorizar los trámites asociados a estos funerales.
PENAS Y SANCIONES
La ley también endurece las penas para quienes no cumplan con los plazos establecidos. Se incorpora una figura agravada al delito de inhumación ilegal en el Código Penal, permitiendo al Estado intervenir y realizar la sepultura en caso de incumplimiento.
Además, se contempla la sanción de otros delitos que puedan surgir en estos funerales, como desórdenes públicos, saqueos, obstrucción de la vía pública, y el uso ilegal de armas, entre otros.
En el caso de que durante el funeral se utilicen artefactos pirotécnicos o armas, los responsables podrían enfrentar sanciones severas, lo que busca reducir la violencia y las alteraciones del orden público que suelen acompañar a estos eventos.
