El abogado Juan Pablo Hermosilla, representante de su hermano, Luis Hermosilla, denunció la inactividad del Ministerio Público por ni siquiera haber ingresado al sistema oficial de seguimiento de casos una querella que presentó en febrero pasado contra Leonarda Villalobos por grabar y difundir el audio que detonó el escándalo que actualmente mantiene a ambos bajo investigación.
La jurista salió ayer de prisión preventiva diciendo que «no me arrepiento absolutamente de nada” en relación con el registro de la conversación que en noviembre de 2023 marcó el inicio de una de las investigaciones más polémicas del último tiempo.
Desde el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, a comienzos de año el otrora poderoso penalista interpuso una querella donde acusa a Villalobos de grabar y difundir la conversación sin consentimiento. Le atribuye delitos como violación del secreto profesional, prevaricación y vulneración de derechos fundamentales, de acuerdo con una publicación de La Tercera.
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El tribunal acogió la acción legal y la derivó en febrero a la Fiscalía Oriente. Sin embargo, según Juan Pablo Hermosilla, hasta ahora el Ministerio Público no ha iniciado la investigación.
De ahí que denunciara la inactividad del ente persecutor.
El Cuarto Juzgado de Santiago acogió la solicitud de la defensa y ordenó reiterar el envío de la querella a la Fiscalía Oriente, instando a que se dé inicio a la investigación.
LA QUERELLA
De acuerdo con la querella presentada por la defensa de Luis Hermosilla, Villalobos creó las condiciones para inducir a su colega a expresarse “libremente” durante una reunión con el empresario Daniel Sauer.
«En un acto cuidadosamente calculado por Leonarda Villalobos, Luis Hermosilla habló libremente, utilizando expresiones exageradas, bravuconerías y alardes», sostiene el escrito.
Añade que la aogada “manipuló deliberadamente a mi representado, utilizando su posición para obtener información de manera ilícita, contaminando dicha ilicitud a todas las investigaciones que tienen origen en la aludida grabación“.
El libelo argumenta que la difusión del audio “contamina” todas las investigaciones derivadas del caso y representa una “transgresión grave” a los estándares legales y éticos de la profesión.
