«El Ministerio Público es una autonomía constitucional que ejerce adecuadamente sus atribuciones constitucionales y legales», dijo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respecto de la controversia generada por la presunta solicitud del fiscal Patricio Cooper de intervenir el teléfono celular del Presidente Gabriel Boric en el marco del caso ProCultura.
«Y si hay algún tipo de atribución que no se ejerce conforme a la Constitución y la ley, lo verán los tribunales», agregó.
Recordemos que la petición del persecutoe habría sido rechazada por el Juzgado de Garantía, pero su sola existencia ha provocado tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.
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El secretario de Estado dijo en entrevista con Estado Nacional, de TVN, que «lo que hace el Presidente de la República es bastante natural dentro de cualquier funcionamiento democrático».
Afirmó que es normal que en un Estado de Derecho existan roces entre los poderes del Estado, pero para eso la propia Constitución contempla fórmulas institucionales como las «contiendas de competencia».
Sin embargo, destacó, el escenario actual no alcanza ese nivel.
CUATRO PUNTOS
Gajardo explicó que el Mandatario ha planteado cuatro puntos centrales respecto de este tema.
Estos son: «toda la colaboración con el Ministerio Público; una irrestricta separación de poderes; la necesidad de que los órganos funcionen dentro del marco de sus atribuciones constitucionales y legales, y la preocupación por las filtraciones, porque eso afecta la propia investigación penal».
A su juicio, el Ejecutivo ha actuado conforme al marco jurídico y «el Presidente ha sido muy claro en que nadie está por sobre la ley»
«Que las instituciones funcionen significa que deben realizar lo que establece su mandato, sin ningún tipo de interferencia», agregó.
El ministro aclaró que el Gobierno sólo conoció del caso por trascendidos, debido al carácter reservado de la investigación. «No tenemos antecedentes formales y ahí viene nuestra preocupación como Ejecutivo… ¿por qué nuevamente tenemos una filtración de un caso complejo, sensible, que puede afectar incluso la propia investigación penal?», cuestionó.
HAY MECANISMOS DE CONTROL
«Nuestra legislación establece mecanismos de control. Ninguna institución actúa sin controles y eso es muy relevante. Por eso tenemos que proteger mucho nuestro sistema institucional y es ahí cuando el Presidente de la República dice que las instituciones funcionen, significa que el sistema institucional funcione», aseveró.
Según Gajardo «bajo ninguna circunstancia» está en riesgo la autonomía del Ministerio Público. Este «ejerce sus funciones constitucionales, que lleva adelante la investigación penal de manera objetiva, la protección de las víctimas y testigos sin ningún tipo de interferencia».
También descartó eventuales usos políticos por parte de fiscales pues, si bien el sistema institucional puede estar expuesto a malas prácticas individuales, existen mecanismos de control y «tenemos un sistema suficientemente bien equilibrado».
«Si hay algún fiscal que esté utilizando inadecuadamente su cargo, tendrá que responder ante la fiscalía o, eventualmente, ante la justicia», dijo Gajardo.
«Creo que ningún sistema institucional está libre de que alguna persona no ejerza sus labores como corresponde», recalcó.
