A siete años del cierre del bar restaurante Club 54 en el centro gastronómico BordeRío de Vitacura, sus dueños interpusieron una querella criminal por prevaricación contra nueve exjueces, entre ellos los exministros de la Corte Suprema Sergio Muñoz y Ángela Vivanco.
La acusación apunta a que las autoridades judiciales habrían dictado resoluciones «a sabiendas contra ley expresa y vigente», perpetuando una clausura que consideran infundada.
La acción fue presentada por Club 54 BordeRío SpA ante el 7º Juzgado de Garantía de Santiago el 12 de septiembre de 2024, siendo declarada admisible poco después.
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Según la querella, los fallos que revocaron decisiones favorables al local fueron emitidos sin pronunciarse sobre aspectos esenciales como la legalidad de la clausura o la autenticidad de documentos clave, entre ellos un acta de fiscalización presuntamente adulterada.
VÍNCULOS JUDICIALES
El documento judicial también acusa una red de vínculos entre funcionarios municipales y abogados ligados al Poder Judicial que, según los querellantes, habrían influido en el resultado del proceso.
Entre ellos destaca Juan Sebastián Gardeweg, entonces subdirector de Rentas Municipales, quien admitió haber modificado el acta utilizada como base para la clausura, hecho que pese a su gravedad fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Santiago en 2024.
Los dueños del local aseguran que Club 54 fue cerrado de forma arbitraria y con mayor severidad que otros recintos como el bar Monseñor, el cual siguió operando pese a contar con múltiples sanciones similares. Atribuyen esta diferencia de trato a una supuesta protección política vinculada al exalcalde Raúl Torrealba, también querellado.
La querella representa una inusual ofensiva contra miembros del Poder Judicial, en una causa que reabre el debate sobre los límites del actuar judicial y la eventual existencia de redes de protección e intereses cruzados en decisiones clave que afectan a empresas y ciudadanos.
