Estados Unidos comenzó este miércoles a exigir un nuevo documento de identidad federal —el Real ID— como requisito para abordar vuelos domésticos, dando cumplimiento a una normativa aprobada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y postergada durante casi dos décadas.
El Real ID, que incluye una estrella en su parte superior, exige verificaciones federales y solo se obtiene en oficinas estatales al presentar el nombre completo, la fecha de nacimiento, el número de la seguridad social, dos pruebas de residencia y la acreditación del estatus legal en el país. Esta exigencia provocó inquietud entre organizaciones defensoras de migrantes y grupos de derechos civiles.
En estados como Nueva York, las oficinas de vehículos motorizados experimentaron un aumento sostenido en la demanda, lo que llevó a las autoridades a ampliar los horarios de atención e incluso a abrir los fines de semana para absorber el flujo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que quienes no presenten el nuevo documento en los controles aeroportuarios podrían ser derivados a inspecciones adicionales antes de abordar.
ADVERTENCIAS POR IMPACTO EN POBLACIÓN INDOCUMENTADA
Grupos como la Unión de Libertades Civiles (ACLU) denuncian que la implementación del Real ID empuja a los estados a asumir funciones de control migratorio al verificar el estatus legal de los solicitantes. La medida excluye las licencias de conducir emitidas a inmigrantes sin documentos, lo que afectará a comunidades vulnerables, especialmente en estados como California donde sí se emiten licencias para personas sin estatus migratorio regular.
TRANSICIÓN CON “FLEXIBILIDAD”, SEGÚN EL GOBIERNO
La secretaria del DHS, Kristi Noem, señaló ante el Congreso que habrá cierto grado de flexibilidad en esta etapa inicial. Las personas que aún no tengan el Real ID podrán volar, aunque deberán someterse a un proceso de verificación adicional. Noem no especificó cuánto durará esta fase de transición.
Actualmente, el 81 % de los pasajeros en los controles de la TSA ya presenta identificaciones válidas que cumplen con la normativa federal. Sin embargo, la implementación definitiva de la ley continúa generando controversia por su posible impacto en derechos civiles y acceso igualitario a servicios de transporte.
