La Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer este jueves su informe final sobre las indagatorias que llevó adelante por los contratos entre la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD), y la Secretaría General Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, que dieron inicio al denominado «caso convenios»; documento que constató que existió corrupción.
La información recabada se le remitió al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), querellante en la causa.
«No hay ninguna posibilidad de recuperar esos recursos», alertó el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez.
CORRUPCIÓN PURA Y DURA
El Presidente Gabriel Boric, quien a la hora de la emisión de la entrevista con TVN de Bermúdez, participaba de la la Cena Anual de la Minería, organizada por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami). En esa oportun idad, señaló en su discurso: «Mientras nosotros estamos reunidos acá me contaban que estaba el contralor de la República dando una declaración y señalando que en el caso de Democracia Viva hay corrupción. Y qué bueno que se sepa de manera clara y categórica».
El Jefe de Estado aseguró que «quienes cometan actos de corrupción en nuestro Gobierno, sean cercanos o lejanos, sea en este Gobierno, del Gobierno anterior o de cualquier otro, tienen que hacerse responsables de aquello y acá nada de esto se va a meter bajo la alfombra».
Y reiteró: «Desde el Gobierno (habrá) toda la cooperación, colaboración, pero también de manera proactiva, porque cuando se nos mete la corrupción en el Estado se debilitan las instituciones y cuando se debilitan las instituciones se debilitan las confianzas, y sin confianza, un país no progresa».
«Me alegro que tanto el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el mecanismo a través del cual el Estado defiende sus intereses, que son los intereses de todos los chilenos, haya decidido querellarse en el caso de Democracia Viva y que hoy día también el contralor esté avanzando en la misma dirección», concluyó Boric.
PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME
Una investigación realizada por la Contraloría arrojó un primer informe donde se logró acreditar que 12 personas contratadas por fundaciones (entre ellas Democracia Viva) desempeñaban funciones directivas y operativas en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, sin ser funcionarios públicos, utilizando escritorios, teléfonos, computadores, correos institucionales y teniendo claves de acceso a diversas plataformas contables y de control para revisar la rendición de gastos.
El denominado Informe de Investigación Especial del Departamento de Auditorías Especiales de la Contraloría General de la República, demoró ocho semanas en descubrir el nada intrincado mecanismo que operaba entre algunas fundaciones y la seremía de vivienda de Antofagasta.
El informe es lapidario. En él se constata que hubo corrupción entre la Secretaría General Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva liderada por Daniel Andrade (ex RD) y expareja de la diputada RD Catalina Pérez, actualmente suspendida de su partido.
ASIGNACIÓN DE RECURSOS A DEDO
El da cuenta, entre otras cosas, que hubo asignación discrecional de recursos, incumplimiento del deber de abstención, fraccionamiento de fondos para eludir la toma de razón por parte del órgano Contralor, debilidades en la definición de proyectos que debían desarrollar las fundaciones, ausencia de planes de trabajo y debilidad en la rendición de cuentas. La información recabada por Contraloría, será entregará al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Se logró determinar, además, asignación discrecional de recursos sin justificación. Se advierte que se realizaron transferencias de recursos a la Fundación Democracia Viva para la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, sin que existan documentos que acrediten los motivos para justificar la entrega de recursos públicos. También se acreditó la inexistencia de procedimientos para el llamado a concurso público, criterios de selección en base a competencias técnicas y requisitos legales para la adjudicación de recursos.
La auditoría constató que 12 personas contratadas por fundaciones (entre ellas Democracia Viva) desempeñaban funciones directivas y operativas en la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta, sin ser funcionarios públicos, utilizando escritorios, teléfonos, computadores, correos institucionales y teniendo claves de acceso a diversas plataformas contables y de control para revisar la rendición de gastos. La Contraloría detectó la misma situación en tres casos en el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de dicha región.
PRINCIPIO DE PROBIDAD
El informe estableció que Carlos Contreras, exseremi de vivienda, al mantener un vínculo de público conocimiento con el representante legal de Democracia Viva, Daniel Andrade, vulneró el principio de probidad, lo que le restaría imparcialidad en su actuación. Al exseremi le correspondía el deber de abstenerse de su condición de firmante. Además, no consta que dicho asunto haya sido puesto en conocimiento de su superior jerárquico.
La Seremi de Vivienda suscribió dos convenios separados con Democracia Viva para iniciativas de inversión en los campamentos EcuaChilePe ($200 millones) e Irarrázaval Etapa I ($170 millones), ambos colindantes y que forman parte del Macrocampamento Balmaceda, por lo que no se justifica su fraccionamiento. Con ello se evitó que ambos convenios fueran revisados por la Contraloría para el control de legalidad. De acuerdo a la normativa, solo deben pasar por toma de razón, las transacciones que superen las 5.000 UTM ($315 millones aprox). Además, tres personas contratadas a honorarios por Democracia Viva participaban en ambos proyectos.
En los convenios suscritos no se exigió a las fundaciones planes de trabajo que describieran las acciones a ejecutar y la cantidad de recursos destinados a ese fin. En el caso del convenio con Democracia Viva, aun cuando la cláusula octava de la resolución exenta establece la obligación por parte de la fundación de elaborar un plan de trabajo general, este no formó parte del convenio ni existe un plazo para su entrega.
La auditoría advirtió, además, falta de control en la rendición de gastos de las fundaciones, así como también baja ejecución, rendiciones presentadas no revisadas y registro contable en plataformas vulnerables, lo que no permite asegurar la integridad y confiabilidad de dichos antecedentes.
Lo que viene. Este es el primero de una serie de informes que se realizan en el marco del Plan Nacional de Auditoría al Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda en todo Chile, que incluyen denuncias de parlamentarios y ciudadanos.
