Política

Gobierno responde a PacificBlu y defiende al Congreso

Cristian Navarro H.

Periodista

PacificBlu
Foto: Ministro de Economía, Nicolás Grau. Agencia Uno
El ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó que el diseño original del Ejecutivo planteaba una distribución de 57% para el sector industrial y 43% para el artesanal.

El Gobierno salió este jueves al paso de las duras críticas formuladas por la empresa pesquera PacificBlu, que anunció el cierre de sus operaciones a partir del 1 de enero de 2026, tras la reducción del fraccionamiento industrial en la pesquería de merluza común del 60% al 48%. La Comisión Mixta del Congreso adoptó esta semana la decisión en el marco de la tramitación del nuevo esquema de cuotas entre el sector industrial y el artesanal.

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GRAU: “ESTA FUE UNA DECISIÓN PARLAMENTARIA TRANSVERSAL”

El ministro de Economía, Nicolás Grau, explicó que el diseño original del Ejecutivo planteaba una distribución de 57% para el sector industrial y 43% para el artesanal. Sin embargo, indicó que en la Cámara de Diputados “eso se dio vuelta y quedó 70% a favor del sector artesanal y 30% a favor del sector industrial”. Finalmente, la Comisión Mixta acordó un reparto de 52% y 48% respectivamente.

“Lo que ilustra esa votación, que incluyó a todos los sectores políticos, incluso parlamentarios del Biobío, es que hay una discusión relevante sobre la merluza. No hemos logrado un acuerdo que dé tranquilidad a todos los actores”, afirmó Grau. Añadió que “esta ha sido principalmente una votación de los parlamentarios” y reiteró que el Gobierno mantiene su disposición para buscar una solución que permita la continuidad del sector industrial y el desarrollo del sector artesanal.

GREMIOS DEL BIOBÍO ACUSAN DAÑO ESTRUCTURAL AL EMPLEO

La postura del Ejecutivo se conoció luego de que el gerente general de PacificBlu, Marcel Moenne, acusara al subsecretario de Pesca, Julio Salas, de usar “datos falsos y no rigurosos” que habrían influido en el debate legislativo. Según la empresa, la nueva ley hace inviable su operación, afectando a más de 2.400 empleos directos e indirectos.

Gremios empresariales del Biobío —incluyendo la CPC regional, ASEM y la CChC— acusaron al Gobierno de impulsar la “destrucción de empleos formales” y anunciaron la suspensión indefinida de su participación en el Plan de Fortalecimiento Industrial. También instaron al Congreso a revertir lo que califican como “una nueva crisis de desempleo y drama social” para la región.

LLAMADO A BORIC Y GRAU A REVISAR COHERENCIA DE POLÍTICAS

En su declaración, las organizaciones señalaron que los parlamentarios “legislaron en base a cifras erradas” y que decisiones de esta magnitud no pueden tomarse sin datos certeros y actualizados. Asimismo, invitaron al Presidente Gabriel Boric y al ministro Grau a “revisar la coherencia entre las medidas que impulsa para una región y las iniciativas que propone en el Congreso”.

“Es tiempo de actuar con transparencia y honestidad, y no jugar con las certezas jurídicas mínimas que las empresas requieren para invertir en la región y el país”, concluye el comunicado.

 

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