Esta semana, una acción legal ha sido presentada ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta por los abogados Alejandro Awad Cherit y Miguel Schürmann Opazo, en representación de Josefina Huneeus Lagos.
En detalle, la demanda se dirige contra lo que califican como «espionaje» y la interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas de su clienta. Esto, en el marco de la investigación del bullado caso ProCultura.
Los juristas fundamentan su acción en la ausencia de sospechas sólidas o motivos legales que justificaran las escuchas, dado que Huneeus no figuraba como persona investigada en la causa.
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EL RECURSO DE AMPARO DE JOSEFINA HUNEEUS
El escrito de la defensa subraya que «la medida inicial se habría decretado por un equívoco, asumiendo que el número correspondía a otra persona». Además, enfatizan que los contenidos de las conversaciones interceptadas, incluida una que involucra al presidente Gabriel Boric, carecen de relevancia penal alguna.
El recurso de amparo detalla que el Ministerio Público y el tribunal habrían excedido sus facultades al inicialmente categorizar a Huneeus como testigo. Esto, para luego tratarla como imputada sin que existieran antecedentes concretos que justificaran tal cambio de estatus.
La defensa sostiene que las autoridades «pretendieron ‘mantener’ una interceptación ilegal a través de resoluciones carentes de fundamentos».
Entre las irregularidades que expone el recurso, se destaca que la primera interceptación, autorizada el 2 de octubre de 2024, estaba dirigida a un número supuestamente asociado al imputado Alberto Larraín. Sin embargo, este pertenecía a Huneeus desde hacía dos décadas.
Pese a que este error fue detectado, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó el 16 de octubre la continuidad de la medida. Lo cual, fue argumentando que Huneeus «tenía conocimiento de los hechos investigados».
Un aspecto central del caso es que, entre las comunicaciones intervenidas, figura una llamada del 14 de octubre de 2024 entre Josefina Huneeus y el Presidente Gabriel Boric. Según detallan, esta fue grabada antes de la supuesta «legalización» de las escuchas.
Este registro fue posteriormente utilizado en un intento infructuoso por interceptar el teléfono del propio Mandatario, solicitud que fue rechazada el 12 de noviembre por falta de argumentos.
MATERIAL DE LAS INTERVENCIONES
El recurso de amparo exige la nulidad de las resoluciones impugnadas y la eliminación de todo el material obtenido mediante estas intervenciones. La defensa argumenta que las medidas cautelares afectaron la libertad personal y el honor de su clienta.
Lo anterior, fue señalando que «se instrumentalizó la calidad de testigo para validar una intromisión exclusiva de imputados».
La situación se inserta en la investigación del caso ProCultura, que indaga supuestas irregularidades en convenios entre entidades públicas y la Fundación ProCultura, con estimaciones de pérdidas fiscales que ascienden a los $6 mil millones. Ahora, la Corte de Apelaciones de Antofagasta tiene la tarea de resolver si acoge o rechaza este amparo.
FILTRACIÓN DE CONVERSACIONES
Cabe señalar que, sobre la filtración, el abogado Mauricio Daza señala que «la ley impide que un fiscal obtenga la interceptación de comunicaciones sin fundamentarlo mínimamente ante tribunales».
«Cooper es un desastre. Solo grandes fuegos de artificio sin ningún resultado concreto. ProCultura, Sierra Bella, trama china, casa de Allende, son investigaciones que mantiene abiertas por largo tiempo sin formalizarlas o cerrarlas», precisó.
«En Democracia Viva, Kimun, lencería, pedicure, entre otros casos, hace rato hay formalizados incluso con personas en prisión preventiva, y parlamentarios desaforados, con mucho menos ruido. La única explicación que Cooper sea fiscal regional y que esté en estos casos es por la amistad que tiene con su ex abogado personal, el fiscal nacional Ángel Valencia. Una vergüenza», sentenció.
