El proyecto de ley que regula las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) enfrenta una semana crítica en el Congreso, especialmente para el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien ha debido contener las crecientes tensiones con parlamentarios oficialistas del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA).
A pocas horas de la votación clave programada para este lunes, las bancadas han condicionado su respaldo a cambios que consideran esenciales para garantizar el resguardo de los derechos humanos.
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Las objeciones apuntan a al menos cuatro elementos ausentes en la redacción final del texto legal: la incorporación explícita del principio de proporcionalidad, la prohibición de disparar desde la cintura hacia arriba, la prohibición del uso de la fuerza una vez que una persona ha sido detenida, y la preocupación por la delegación reglamentaria que permitiría ampliar el tipo de armas autorizadas para Carabineros.
Estas discrepancias llevaron a que la semana pasada Cordero optara por retirar la urgencia del proyecto, lo que fue acompañado por la postergación de la votación originalmente prevista para el miércoles.
TENSIONES Y EXIGENCIAS
Sin embargo, el clima se tornó aún más complejo luego de la tensa sesión en la Comisión de Seguridad de la Cámara, donde se registraron diez abstenciones y un voto en contra del proyecto.
Cordero acusó una «encerrona» por parte de los diputados, lo que generó un nuevo quiebre con sus aliados. Días más tarde, el ministro ofreció disculpas públicas ante la Cámara, reconociendo que sus declaraciones fueron «impropias» y reiterando su disposición a escuchar «las dudas legítimas» del oficialismo.
El Partido Comunista ha sido particularmente enfático en exigir que el principio de proporcionalidad sea incorporado explícitamente en el texto.
Ante esto, Cordero argumentó que, aunque la norma no lo menciona expresamente, el contenido del proyecto lo regula de forma implícita, y recordó que la propuesta ya fue aprobada sin ese principio ni en la Cámara ni en el Senado, lo que impediría su incorporación vía comisión mixta.
La sesión de este lunes será decisiva. Si el oficialismo no logra unidad en torno al proyecto, el Ejecutivo podría enfrentar un nuevo traspié legislativo en un tema clave para la agenda de seguridad.
