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Caso ProCultura: ¿Por qué complica al Gobierno?

Teresa Frías K.

En el expediente del caso ProCultura son varias las esquirlas que van más allá de Alberto Larraín y el Presidente Boric.

El caso Procultura es una de las aristas del «Caso Convenios», una investigación sobre presuntas irregularidades en la asignación de fondos públicos a fundaciones. En el caso de Procultura, se investigan posibles delitos de fraude al fisco y lavado de activos relaci9nados con convenios firmados con diversas entidades estatales, incluyendo secretarías regionales del Ministerio de Vivienda y gobiernos regionales.

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Uno de los convenios más cuestionados es el programa «Quédate», destinado a la prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental, por un monto de $1.683.788.000, de los cuales la fundación solo rindió $600 millones.

¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN PROCULTURA?

La Fundación Procultura fue una organización sin fines de lucro fundada en 20o9 por la fotógrafa Ilonka Csillag y el psiquiatra Alberto Larraín. Se dedicaba a proyectos de restauración patrimonial y desarrollo cultural en diversas regiones de Chile. Sin embargo, en noviembre de 2023, anunció su cierre definitivo tras verse involucrada en el llamado «Caso Convenios», alegando un «irreparable daño patrimonial y reputacional».

¿QUIÉNES ESTÁN INVOLUCRADOS?

Alberto Larraín, fundador de ProCultura, es una figura central en la investigación. Ha admitido ante la Fiscalía haber realizado aportes a campañas políticas a «titulo personal». Además, se han interceptado comunicaciones telefónicas de al menos 42 personas vinculadas a la fundación incluyendo a Larraín y su círculo cercano.

La investigación también ha salpicado al Presidente Gabriel Boric, debido a su cercanía con Larraín y a la interceptación de comunicaciones de su exasesor principal, Miguel Crispi.

LA INVESTIGACIÓN

La Fiscalía de Coquimbo lidera la investigación, que se encuentra en una etapa avanzada pero bajo reserva. Se han detectado transferencias por más de $53 millones de depósitos directos y $4.400.000 en aportes triangulados a campañas políticas relacionadas con la fundación.

El caso ha generado tensiones entre el Gobierno y la Fiscalía, especialmente por la interceptación de comunicaciones de altos funcionarios.

PROCULTURA SALPICA LAS CANDIDATURAS PRESIDENCIALES

Los nuevos antecedentes conocidos del caso ProCultura golpearon con fuerza a la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Aunque desde los distintos partidos han remarcado que el asunto está radicado en la justicia, y han intentado alinearse con la postura de La Moneda, lo cierto es que la polémica protagonizada por el psiquiatra Alberto Larraín, un amigo del Mandatario, logró desordenar al oficialismo a días del comienzo de la campaña por las primarias.

Tanto así, que los cuatro abanderados del sector, que se enfrentarán en las urnas el 29 de junio, se han visto obligados a marcar postura.

la candidata presidencial de Socialismo Democrático, Carolina Tohá, planteó que “que estemos los actores políticos haciendo especulaciones o suposiciones no es ningún aporte a la respuesta que los ciudadanos quieren. Lo que tenemos que hacer es no interferir y apoyar para que la justicia de manera autónoma haga las investigaciones y, ojalá, den resultado rápido”.

Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista, manifestó que Boric “es una persona honesta”. Y agregó: “Yo confío en él”.

La extitular de Trabajo tiró la pelota a la derecha y acusó que “están en una campaña presidencial que a veces les sale fácil decir tanta cosa que después termina no siendo verdad (…). Yo pediría un poquito más de prudencia, dejar que las investigaciones se lleven adelante”.

En el Frente Amplio decidieron referirse al tema, en primera instancia, a través de un comunicado. “No existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada. Todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el Servel”, señalaron.

Sin embargo, en la misma declaración, el partido también acusó al fiscal Patricio Cooper de replicar “una estrategia judicial” que se basa en “la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa”, con el fin “en este caso, de desprestigiar al Presidente”. Por lo mismo, acusaron “espionaje”.

El sábado, el abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, también respaldó al gobierno y afirmó que las filtraciones del caso no “muestran relación alguna con la comisión de algún delito”.

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