Patricio Cooper, fiscal regional de Coquimbo, ingresó un escrito a la Corte de Apelaciones de Antofagasta para formalizar su participación contra el recurso de amparo presentado por los abogados de Josefina Huneeus Lagos. El documento solicita que el Ministerio Público sea considerado parte en la acción constitucional que impugna las resoluciones del Juzgado de Garantía de Antofagasta, las cuales autorizaron y renovaron la interceptación telefónica de Huneeus entre octubre de 2024 y febrero de 2025.
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Recordemos que el pasado 9 de mayo, los abogados defensores Alejandro Awad y Miguel Schürmann interpusieron el amparo, denunciando “espionaje” y falta de fundamentos legales en las escuchas. Según el recurso, las interceptaciones se basaron en un error: el número telefónico asociado inicialmente al imputado Alberto Larraín pertenecía a Huneeus desde hace 20 años. Pese a esto, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó mantener las escuchas, argumentando que Huneeus “tenía conocimiento de los hechos investigados”.
Así las cosas, el escrito de Cooper solicita presentar alegatos en audiencia pública, para defender el proceso judicial que consideró las escuchas.
Mientras que la defensa de Huneeus sostiene que las resoluciones judiciales carecieron de motivación legal. “El tribunal autorizó la interceptación como si Huneeus fuera imputada, pese a que ni siquiera se le atribuía participación en los delitos”, señala el amparo.
Entre las conversaciones interceptadas figura una llamada del 14 de octubre de 2024 entre Huneeus y el Presidente Gabriel Boric. Este registro fue utilizado por la Fiscalía para intentar interceptar el teléfono del Mandatario, solicitud rechazada el 12 de noviembre por falta de fundamentos.
EL AMPARO DE HUNEEUS
El amparo de Huneeus subraya que las resoluciones del Juzgado de Garantía omitieron citar normas o presentar pruebas para justificar las escuchas. Según los abogados, la Fiscalía describió a Huneeus como testigo en sus solicitudes, pero el tribunal la trató como imputada sin explicación. Un correo de la PDI del 14 de octubre afirmó: “Ella estaría en conocimiento de las acciones de ProCultura y aportaría antecedentes”.
En esa línea, la acción judicial también solicita la eliminación de todo el material obtenido, incluyendo la conversación con Boric. “Existe un nombre para las intromisiones ilegales a la vida privada de las personas: espionaje”, sentencia el amparo. Ante ello, es que el Ministerio Público argumentará en favor de las medidas intrusivas con ocasión de la indagatoria en el caso ProCultura.
