La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, la fiscal Patricia Ibarra, se refirió a las indagatorias que han afectado a diversas autoridades en el último tiempo, señalando que en el país “no estamos acostumbrados” a este tipo de procesos.
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Durante su participación en el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, la fiscal Ibarra comparó la situación chilena con la de otras naciones: “Si nos vamos a otros países cercanos, como Perú, han habido casos graves de corrupción donde incluso expresidentes han estado en prisión preventiva o han sido condenados por delito. Entonces, en Chile es algo nuevo, que no se había visto, pero eso habla también de la objetividad del Ministerio Público de no dejarse llevar por otras pretensiones políticas o alguna amedrentación que pueda haber en contra de un fiscal”.
DECLARACIONES
La fiscal en sus declaraciones se enmarcan en el contexto de causas como el caso Audio, ProCultura, Manicure y Democracia Viva, entre otros, que han salpicado a representantes de distintos poderes del Estado.
En cuanto a la estrategia institucional frente a estos casos de alta complejidad, Ibarra indicó que “recordemos, sí, que en estos casos de mayor complejidad el fiscal nacional ya ha optado por designar a fiscales regionales que se encarguen de esas investigaciones, no a fiscales adjuntos, o se forma un equipo con fiscales adjuntos dirigidos por fiscales regionales (…) en todo Chile hay muchos fiscales que están investigando a diversas autoridades”.
MOTIVACIÓN POLÍTICA
Sobre las sospechas de motivación política detrás de las escuchas telefónicas que involucraron al Presidente Gabriel Boric —acusación planteada por sectores del Frente Amplio—, Ibarra fue enfática en rechazar esa lectura.
“Yo no comparto esa interpretación. Primero, porque parte de la base de una interceptación ilegal o ilegítima, ¿cierto? Y eso no es así, porque tal como señalé al comienzo de esta entrevista, cualquier interceptación o análisis vaciado de un teléfono, de antenas o de diligencias intrusivas, se autorizan por un juez, por lo tanto, no es ilegítimo», señaló.
Además, aclaró el uso limitado que puede hacerse de ese tipo de información: “La materia de las interceptaciones que se pueden utilizar son solo aquellas que sean el objeto de la investigación de un delito, es decir, no se pueden utilizar, no se pueden mantener ciertas conversaciones que no digan relación con la investigación de un delito o alguno que surja durante esa interceptación. No estamos hablando de conversaciones triviales”, concluyó.