Un reportaje de CIPER Chile reveló que los fondos que la Fiscalía vincula con un presunto desvío desde la Fundación Procultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric no provienen de convenios con organismos públicos, sino de aportes privados. Además, la carpeta investigativa no contiene evidencia que demuestre que esos recursos hayan financiado actividades electorales.
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El fiscal Patricio Cooper fundamentó su solicitud para interceptar el teléfono del Presidente Boric en una escucha telefónica a Lucía Bustamante, dueña de la imprenta Andros, quien reclama una deuda de $41,9 millones por trabajos gráficos encargados por Procultura.
En dicha llamada, Bustamante indicó que el director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín, le habría dicho que “gastó esa plata en la campaña del Boric”.
Sin embargo, según la publicación de CIPER, se logró identificar que las cinco facturas impagas que dieron origen a ese conflicto corresponden a proyectos culturales desarrollados entre agosto y octubre de 2023 —dos años después de la elección presidencial— y financiados a través de la Ley de Donaciones Culturales con aportes de Enel, Anglo American y Minera Candelaria. Los fondos no provinieron de organismos del Estado.
LOS LIBROS EN DISPUTA
Los servicios no pagados incluyen la impresión de libros sobre la central hidroeléctrica Los Molles, proyectos educativos en Tierra Amarilla, y materiales patrimoniales sobre las comunas de Llay Llay y Rinconada.
Empresas privadas financiaron todo el material, que actualmente figura registrado en la Biblioteca Nacional.
Bustamante —quien ha trabajado con entidades públicas y campañas políticas, incluida la de Boric en 2021— interpuso una demanda civil contra Procultura, la cual motivó nuevos interrogatorios policiales. Funcionarios de la fundación confirmaron que los servicios se relacionaban exclusivamente con iniciativas patrocinadas por empresas mediante donaciones culturales.
EL REVÉS DEL MINISTERIO PÚBLICO
El fiscal Patricio Cooper pidió al Juzgado de Garantía de Antofagasta interceptar el teléfono del Presidente Boric, pero no logró convencer al tribunal. En su segunda solicitud, presentada en noviembre pasado, incorporó cinco nuevos antecedentes, entre ellos la relación personal entre Boric y Alberto Larraín, y la declaración inicial como imputada de la expareja del mandatario, Irina Karamanos, condición que luego cambió a testigo.
El tribunal rechazó categóricamente la petición y descartó que existieran fundamentos sólidos: “Tampoco se han aportado antecedentes fidedignos de que los fondos asignados a la fundación hubiesen sido destinados a actividades políticas y que de aquello tuviera conocimiento este tercero [Boric]”, sostuvo en su resolución.
Además, el juzgado desestimó que vínculos personales o el incremento de convenios públicos con la fundación sean por sí solos motivos suficientes para suspender garantías constitucionales como la inviolabilidad de las comunicaciones.
La Fiscalía aún no se pronuncia oficialmente sobre el error.
🔴 ESCANDALO – EL FIN DE PROCULTURA ‼️‼️
🔴 El Supuesto Financiamiento de la Campaña de Boric se basa en un Error, no hay platas publicas involucradas en un eventual financiamiento de la Campaña del Presidente
🔴 Incluso no hay señales de aportes a la mencionada Campaña pic.twitter.com/kfPMLjdTo8
— (FRAPP)🇵🇸🇨🇱 UNIDAD PARA VENCER ✊️ #Jara2026 (@Informa3Chile) May 14, 2025
