A cinco meses de las elecciones legislativas, el Gobierno de Javier Milei sacó a relucir una de sus banderas más polémicas: la inmigración. Este miércoles, el portavoz presidencial y candidato a diputado, Manuel Adorni, anunció que el Ejecutivo endurecerá las condiciones para que extranjeros ingresen y permanezcan en el país.
“Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes”, señaló Adorni en una conferencia que tuvo más tono de mitin político que de parte oficial.
El plan oficial incluye rechazar automáticamente a cualquier persona condenada que intente ingresar, deportar a quienes entren de forma ilegal y acelerar los procesos judiciales para las expulsiones. También se establecerá que los extranjeros no residentes deberán pagar por la atención médica en hospitales públicos.
Adorni justificó el endurecimiento sosteniendo que la inmigración del pasado fue “virtuosa, a base de trabajo y respeto por la ley” y contrastó esa visión con la situación actual, que describió como un colador legal para personas sin voluntad de integrarse.
«Hoy entra casi cualquiera, incluso condenados con penas menores a tres años», advirtió. «Tenemos una normativa que invita al caos y al abuso de vivos que lejos están de venir de forma honrada a construir un futuro de prosperidad”, agregó.
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REACCIONES
Desde organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtieron que la reforma anunciada podría tener un freno inmediato en la Justicia. Señalan que no se puede establecer “un régimen excepcional para ciertas personas sin debate en el Congreso”, sobre todo si se trata de derechos vinculados a la defensa en procesos judiciales.
El Gobierno no parece dispuesto a abrir ese debate parlamentario. Todo indica que el decreto saldrá por Boletín Oficial en los próximos días, con la intención clara de capitalizar el tema como bandera electoral.
SALUD Y EDUCACIÓN
El discurso oficial se apoya en la idea de que los extranjeros abusan de los recursos públicos. “Los pagadores de impuestos deben sufrir las consecuencias de extranjeros que ingresan únicamente para hacer uso y abuso de recursos que no son suyos, como los denominados tours sanitarios”, criticó el propio Milei.
Aunque los datos oficiales muestran que los pacientes no residentes representan menos del 1% de quienes usan el sistema público de salud, ya hay cinco provincias que comenzaron a cobrar la atención programada a extranjeros. La última en sumarse fue la Ciudad de Buenos Aires.
Pero la ofensiva no se detiene ahí. El Gobierno quiere que las universidades públicas sigan el ejemplo de los hospitales y empiecen a cobrar matrícula a los estudiantes extranjeros.
Esto sería el fin a más de setenta años de educación superior gratuita y universal. Como las universidades son entes autárquicos, la medida no puede imponerse desde la Casa Rosada, pero el Ejecutivo presiona con recortes de presupuesto y salarios docentes congelados.
El endurecimiento del discurso migratorio en el Gobierno de Milei llega en plena carrera hacia las legislativas del 26 de octubre. Este domingo ya habrá una primera prueba de fuego en la ciudad de Buenos Aires, donde Adorni busca una banca.
