La decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de acoger el recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus Lagos —y declarar ilegales las interceptaciones telefónicas en su contra— provocó reacciones inmediatas en el mundo político.
En el Congreso hubo cierta disparidad de opiniones. Por ejemplo, mientras el senador Tomás de Rementería (PS) calificó el fallo como un reflejo de prácticas “graves y corruptas” del Ministerio Público, su par Fidel Espinoza (también PS) criticó la resolución judicial y la tildó de “incomprensible”.
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DE REMENTERÍA: “IMPLICANCIAS GRAVÍSIMAS”
“El tribunal ratifica que hubo una interceptación telefónica totalmente ilegal, donde está involucrado el Presidente de la República y una facultativa médica. Esto revela una desprolijidad enorme que, lamentablemente, ha sido una tónica en el Ministerio Público”, afirmó De Rementería, aludiendo a una conversación interceptada entre Huneeus y el mandatario Gabriel Boric, en el marco del caso Procultura.
El parlamentario sostuvo que el uso de medidas intrusivas sin entregar información certera a los tribunales constituye “un acto de corrupción” y acusó que se está recurriendo a técnicas de vigilancia con fines ilegítimos: “No se trata de investigar delitos, sino de hacer pesca por arrastre, de buscar situaciones donde no las hay”, dijo.
Además, pidió al fiscal nacional Ángel Valencia intervenir, tal «como lo hizo en el caso de Héctor Mery» y que «y remueva al fiscal a cargo, que ya ha protagonizado múltiples desprolijidades. Este fiscsl debe alejarse de las cusas».
ESPINOZA: “LA JUSTICIA SE EQUIVOCA”
En contraste, el senador Fidel Espinoza expresó su desacuerdo con el fallo judicial y defendió la legalidad de la interceptación. “Desde mi punto de vista, no hubo transgresión alguna. Ese teléfono efectivamente tenía autorización para ser pinchado”, afirmó.
El parlamentario también lamentó el impacto público del fallo diciendo que “la impresión que queda en la ciudadanía es que, cuando hay personas con contactos o relevancia pública, se les aplica un criterio distinto al del ciudadano común y corriente. Eso es inaceptable”.
El caso Procultura investiga presuntas irregularidades en convenios entre organismos públicos y la fundación del mismo nombre, con un perjuicio fiscal estimado en $6 mil millones. El fallo de la Corte de Apelaciones representa un precedente en cuanto al uso de medidas intrusivas en causas de alto perfil, y ha reavivado el debate político sobre el control judicial y los límites de la Fiscalía en la obtención de pruebas.
AEDO: «FESTIVAL DE FILTRACIONES»
No fueron las únicas reacciones al fallo de la Corte de Apelaciones por la apelación de Huneeus.
«Creo que se ha hecho justicia», aseveró el vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados Eric Aedo (DC).
«Si la fiscalía sabía que estaba interviniendo un teléfono que no era de Larraín, no debió haber seguido con esas escuchas durante tanto tiempo y, menos, que esas escuchas se hayan filtrado a la prensa», añadió.
Asimismo, comentó que «espero que la Fiscalía haga de mejor manera su trabajo en las investigaciones de los casos de corrupción y que lo haga de mejor manera, no vulnerando la le y, obvimente, evitando al máximo este verdadero festival de filtraciones».
ARAYA: «EN MAL PIE»
Por su parte, el senador Pedro Araya (PPD) consideró que «el fallo deja en muy mal pie al fiscal Cooper».
Esto, porque «producto del fallo de la corte se puede cuestionar la dirección de la investigación que ha tenido en el caso ProCultura.
El legislador pidió, además, que la fiscalia tome medidas para sancionar a un fiscal que no se apega a la ley para pedir escuchas telefónicas.
Advirtío que tanto el fiscal como el personal de la PDI que realizó estas escucha eventualmente podrían «ser perseguidos por la comisión de algún delito».
FRENTE AMPLIO: «QUE NO SE NORMALICE»
Por su parte, la presidenta del FA, Constanza Martínez, se unió a las reacciones por el fallo al recurso de Huneeus y en un breve comunicado sostuvo que «como Frente Amplio tenemos la convicción de que todos los casos de corrupción deben ser investigados con profundidad y con rigor».
«Es positivo que las instituciones funcionen», añadió, y dijo que «no queremos que este tipo de situaciones se normalicen y ese es el llamado que hemos hecho».
CAMILA FLORES: «MALA NOTICIA»
Desde la derecha, la diputada Camila Flores (RN) calificó de «una muy mala noticia lo que hemos conocido» y de «resquicio» el argumentar que el teléfono que usaba Josefina Huneeus no estuviera a su nombre para pedir que de declararan ilegales las intercepciones a su celular.
«Me parece una cosa muy pequeña que se hayan fijado simplemente en el que este teléfono no estaba a nombre de ella para decretar que todas las diligencias que se habían hecho se iban a tener por desechadas. Yo creo que el Ministerio Público tiene que ser fortalecido. Tenemos los distintos poderes del Estado, incluidos los tribunales, que apoyar al fiscal Cooper, que está sacando adelante esta investigación y no entorpecer ni ponerle más dificultades, porque pequeñas cosas que son resquicios, que a estas alturas son insignificantes», enfatizó.
