A dos semanas de la última cuenta pública del Presidente Gabriel Boric, programada para el 1 de junio, el oficialismo le ha solicitado asumir un rol activo en la superación de la crisis provocada por el caso ProCultura.
Esta controversia, que ha salpicado a funcionarios cercanos al Ejecutivo y tensionado la relación con el Ministerio Público, preocupa especialmente a las colectividades que integran la coalición gobernante.
En este contexto, líderes de partidos como el PPD, el PC y el PS coincidieron en la necesidad de que el Mandatario refuerce la agenda anticorrupción durante su intervención ante el Congreso, con el objetivo de no afectar el clima político de cara a las elecciones primarias presidenciales del 29 de junio.
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El presidente del PPD y senador, Jaime Quintana, sostuvo que “la cuenta pública es clave para el legado del gobierno. El caso ProCultura obliga a generar condiciones favorables para el segundo semestre, que será electoral”.
En la misma línea, el timonel del PC, Lautaro Carmona, hizo un llamado a «profundizar la legislación sobre probidad y servicio público».
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, fue más explícita, al señalar que el discurso presidencial “debe sentar las bases de cambios importantes en transparencia e integridad”.
DESCOMPRIMIR TENSIONES CON FISCALÍA
Desde La Moneda, en tanto, la estrategia apunta a dar vuelta la página tras la remoción del fiscal Patricio Cooper, acusado de ordenar escuchas ilegales.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, reiteró que “el gobierno quiere que se esclarezcan los hechos y que se sancione a los responsables”. Su par de Justicia, Jaime Gajardo, enfatizó que “nadie está por sobre la ley, incluso si se trata de cercanos al gobierno”.
Pese a las señales de descompresión, el Ejecutivo se enfrenta a nuevas presiones de la oposición, que prepara ofensivas parlamentarias y sesiones especiales para mantener vivo el escándalo. La derecha acusa al gobierno de presionar al Ministerio Público y busca apuntar directamente al Presidente y su círculo cercano en la Cámara de Diputados.
A la espera del mensaje presidencial, las colectividades oficialistas evalúan propuestas legislativas para evitar que casos como el de ProCultura se repitan. Además, insisten en que el gobierno debe salir al paso con señales claras y un relato político sólido que permita recuperar credibilidad.
La cuenta pública, así, no solo será el cierre formal del ciclo legislativo del gobierno, sino también una oportunidad crítica para reconstruir confianza pública y liderar una agenda que supere la actual crisis. El oficialismo lo sabe, y la presión sobre Boric crece.
