Blanco y Negro (ByN), la sociedad que administra a Colo Colo, rompió el silencio ante las denuncias de los vecinos del Estadio Monumental. En un escrito presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago, la empresa pidió que se rechace el recurso de protección interpuesto por residentes del sector, quienes exigen medidas urgentes frente a los desmanes que —aseguran— acompañan cada partido del “Cacique”.
LAS QUEJAS DE LOS VECINOS
Todo comenzó tras la tragedia del 10 de abril, durante el partido entre Colo Colo y Fortaleza, donde murieron dos hinchas albos. Luego de ese hecho, un grupo de vecinos presentó una acción judicial contra Blanco y Negro.
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Acusan constantes peleas, fuegos artificiales, basura, consumo de drogas y alcohol, además de una ausencia total de medidas de control, seguridad y limpieza en las inmediaciones del recinto.
Los denunciantes incluso pidieron suspender los partidos en el Monumental y exigieron acciones para reducir la contaminación acústica, frenar el comercio ilegal, y eliminar la pirotecnia.
«LO QUE PIDEN ES DESPROPORCIONADO»
Blanco y Negro respondió asegurando que lo solicitado por los vecinos “es abiertamente desproporcionado” y que impedir el uso del estadio vulneraría su derecho a desarrollar una actividad económica lícita. En el documento, los abogados de la empresa —Aldo Molinari, Mirko Villarroel y Amparo Larravide— enfatizan que han cumplido con la ley vigente para eventos masivos.
“La medida solicitada de paralizar el uso del Estadio no resulta necesaria ni proporcional”, plantearon. Además, señalaron que las denuncias carecen de hechos concretos y que los vecinos no detallan daños específicos.
La empresa no sólo rechazó las acusaciones, sino que traspasó toda responsabilidad al Estado. Según argumentaron, los hechos descritos por los vecinos —como violencia callejera, delitos, comercio ambulante o consumo de alcohol en la vía pública— escapan completamente a su control.
“Todos los hechos relatados versan sobre desórdenes al orden público, de forma que quedan sujetos al actuar del Estado y no de privados”, se lee en el escrito judicial.
Blanco y Negro sostuvo que su rol como organizador de partidos tiene límites legales, los cuales ya cumple según la Ley 19.327 sobre eventos deportivos masivos. “No le permite atribuirse facultades que el ordenamiento jurídico no le otorga”, explicaron los abogados.
Aseguraron que si, pese a las medidas legales, se producen delitos o incivilidades, la responsabilidad recae en los autores directos, y no en terceros como la concesionaria.
Con ese argumento, la concesionaria pidió a la Corte de Apelaciones rechazar todos los recursos acumulados y, además, solicitó que los vecinos paguen las costas del juicio, lo que enciende aún más el conflicto con la comunidad de Macul.
