El abogado Gabriel Salinas, militante del Partido Socialista (PS), presentó una querella por fraude al fisco ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, apuntando a funcionarios públicos que habrían utilizado licencias médicas para viajar al extranjero, en contravención del Estatuto Administrativo. La acción judicial se sustenta en el reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó más de 35 mil licencias irregulares entre 2023 y 2024, de las cuales 25.078 corresponden a trabajadores financiados con recursos del Estado.
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Según el documento judicial, la querella va dirigida contra funcionarios de la Región Metropolitana en calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de fraude al fisco. Además, deja abierta la posibilidad de ampliar la acusación conforme avancen las indagatorias del Ministerio Público.
“UN ESCÁNDALO DE PROPORCIONES INSOSPECHADAS”
En declaraciones públicas, Salinas criticó la “pasividad” del PS frente a un caso que calificó como “un escándalo de proporciones insospechadas” y subrayó que los trabajadores del Estado “están sujetos a reglas claras, como el Estatuto Administrativo”. Asimismo, enfatizó que los contribuyentes —quienes financian el aparato estatal a través de impuestos directos e indirectos— no gozan de los privilegios de quienes “se sirven de sus cargos para conocer el mundo”.
La Contraloría General de la República reveló que los funcionarios involucrados realizaron 59.575 viajes mientras se encontraban con licencia médica. Fonasa emitió el 69% de estos permisos, mientras que las isapres otorgaron el 31% restante. Aunque estos trabajadores no acceden al Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL), el Estado les sigue pagando el sueldo completo. Además, si se rechaza una licencia, Fonasa e isapres deben devolver los fondos al empleador fiscal. “Habrá que determinar cuántos casos llegaron a esa etapa”, advirtió el abogado.
FUNDAMENTOS LEGALES Y DELITOS DENUNCIADOS
En el plano normativo, Salinas citó el artículo 10 del D.S. N°3 del Ministerio de Salud, que establece que la licencia médica es un derecho condicionado a la certificación profesional y validación de entidades de salud. También recordó que la Corte Suprema considera estos certificados como instrumentos privados.
La querella invoca el artículo 239 del Código Penal, que sanciona a empleados públicos que defraudan al Estado mediante ardides o engaños. En este caso, el engaño radicaría en declarar domicilios de reposo dentro del país mientras se viajaba al extranjero. Además, en virtud del artículo 111 del Código Procesal Penal, Salinas se ampara en su derecho como ciudadano domiciliado en la provincia para querellarse en defensa de la probidad pública.
SOLICITUDES DE DILIGENCIAS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN
Como punto de partida del delito, el abogado identificó el barrio cívico de Santiago, sede de las instituciones que tramitaron las licencias. Por ello, solicitó al tribunal oficiar a la CGR para obtener la lista de los funcionarios implicados y cruzar dicha información con los registros de salida del país que mantiene Interpol durante abril de 2025.
Entre las diligencias solicitadas, pidió citar como testigos a la directora regional metropolitana de Junaeb, Caroline Harder, y a María Elena Orellana Salinas, además de requerir un informe al subsecretario de Hacienda que permita calcular el perjuicio fiscal asociado a las licencias fraudulentas.
¿Con licencia médica y viajando al extranjero? Presentamos denuncia por fraude al fisco, malversación de fondos públicos y uso malicioso de documentos. Por funcionarios públicos que podrían haber engañado al Estado con licencias médicas. Que investiguen. Y que devuelvan la plata. pic.twitter.com/On8zltxFBk
— Camila Musante – Diputada Distrito 14🌿🇨🇱 (@camila_musante) May 22, 2025
