El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, defendió con firmeza la decisión del presidente Gabriel Boric de transformar el penal Punta Peuco —donde actualmente cumplen condena violadores de Derechos Humanos— en una cárcel común.
La medida, anunciada durante la última cuenta pública presidencial, ha generado reacciones encontradas, especialmente desde la oposición.
“Desde mi punto de vista, no existe justificación alguna para ese privilegio”, afirmó Boric al anunciar el cambio de estatus del recinto, que fue creado en 1995 como una cárcel especial para criminales de lesa humanidad.
Lea también: Desaires, chascarros y otras rarezas de la Cuenta Pública
En entrevista con T13, Gajardo recalcó que el anuncio no es meramente simbólico sino que apunta a eliminar privilegios inaceptables en democracia.
“Es muy significativo que dejemos de tener penales especiales para los violadores de Derechos Humanos. No hay ninguna justificación para ello”, afirmó.
Además, el ministro recordó que el expresidente Sebastián Piñera ya había dado un paso en la misma línea al cerrar el Penal Cordillera, lo que consideró un precedente relevante en el compromiso del Estado chileno con la memoria y los derechos fundamentales.
RESPUESTA A CRÍTICAS DE MATTHEI
Frente a los dichos de la alcaldesa y candidata presidencial Evelyn Matthei —quien deslizó la posibilidad de revertir la medida—, Gajardo fue enfático.
“Esperaríamos que la medida que estamos tomando hoy se continúe por cualquier otro posible presidente o presidenta, por el compromiso que tienen con los Derechos Humanos y la democracia”, afirmó.
“Nosotros esperaríamos que todos los sectores políticos tuvieran un alto compromiso con los Derechos Humanos, tal como el presidente Piñera tuvo el compromiso y la capacidad de cerrar el Penal Cordillera”, añadió.
Gajardo también informó que Punta Peuco actualmente presenta sobrepoblación: 139 internos para una capacidad de 112. Aun así, aclaró que “lo más probable es que los reos continúen en ese penal”, aunque Gendarmería evaluará posibles traslados por razones de salud u operativas.
“Estas personas cometieron los crímenes más graves que hay en la legislación chilena”, concluyó Gajardo, asegurando que mantener un recinto penal especial para ellos “no tiene ninguna justificación”.
