El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió este lunes al primer procesamiento judicial por adopciones ilegales ocurridas durante la dictadura, en una investigación que involucra a la exjueza del Juzgado de Menores de San Fernando, Ivonne Gutiérrez Pavéz, actualmente residiendo en Israel.
La justicia chilena solicitó su extradición a la Corte Suprema, por participar en sustracción de menores entre las décadas de 1970 y 1990.
En conversación con ADN, Cordero valoró los avances judiciales pero enfatizó que la respuesta estatal no puede limitarse a la vía penal.
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“La investigación por estos delitos es una pequeña luz de esperanza para aquellos que durante largo tiempo han estado en este proceso”, afirmó, añadiendo que “el Estado de Chile tiene otra obligación: no basta simplemente con la persecución penal”.
El secretario de Estado explicó que es necesario promover el reencuentro entre los niños sustraídos y sus familias biológicas, y destacó la colaboración con el gobierno de Suecia, uno de los países receptores de menores chilenos adoptados ilegalmente. “También el Estado tiene que generar las condiciones para producir el encuentro de las familias”, sostuvo.
Según Cordero, miles de niños se sustrajeron y se dieron en adopción en contextos irregulares entre mediados de los años 60 y fines de los 90.
“Cuando hablamos de adopciones irregulares, no estamos hablando solo del periodo de dictadura. Esto está asociado al tipo de regulación que el país tenía”, explicó, aludiendo a la debilidad institucional y legal de la época.
El ministro señaló que actualmente se avanza en el levantamiento de información y en procesos de cooperación internacional para consolidar los datos, mediante la mesa interinstitucional instalada el año pasado para abordar las adopciones irregulares.
Finalmente, recordó que muchas de estas investigaciones surgieron en Europa, cuando países como Países Bajos, Francia y Suecia comenzaron a detectar irregularidades en los procesos de adopción de menores provenientes de África y, posteriormente, también de Chile.
“Eso fue lo que hizo saltar las alertas y dio pie a nuevas investigaciones que han permitido avanzar en verdad y justicia”, concluyó.
