Para este lunes estaba prevista la votación de las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora (CEI) de la Cámara de Diputados en relación con el proceso de adquisición de la casa del expresidente Salvador Allende. Sin embargo, esta se postergó hasta el miércoles.
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En la próxima sesión, que se fijó a contar de las 09.00 horas, los integrantes de la instancia esperan contra un informe de consenso, en base a los dos textos.
Van a tratar de llegar a redacciones comunes en base a los dos informes que llegaron
La instancia, que preside el diputado de Renovación Nacional (RN) Andrés Longton se conformó el 12 de marzo.
LA FALLIDA COMPRAVENTA
La fallida operación de compraventa de la casa involucraba a la exministra de Defensa Maya Fernández y a la exsenadora Isabel Allende, como herederas del exmandatario, pese a que ambas estaban inhabilitadas constitucionalmente para firmar contratos con el Estado.
Entre los personeros que comparecieron ante la comisión figuran la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, el ex jefe de gabinete de esa cartera Gonzalo Pinto, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa y su antecesora en el cargo Marcela Sandoval.
También, pese a que no tenía obligación, el Presidente Gabriel Boric envió a la comisión un oficio respondiendo a interrogantes de los diputados y asegurando que no tuvo “conocimiento sobre potenciales inhabilidades” en la compra.
NO SOBREPASAR LOS LÍMITES
Lorena Pizarro (PC), recordó que la contralora Dorothy Pérez dijo que “aquí no habían existido irregularidades. Y que es la labor que tiene la Comisión, porque tiene un mandato muy específico que tiene que ver con que si hubo o no irregularidades en el proceso. Ese es el mandato de la Comisión”.
También hizo mención a que “al transcurso de este proceso nos enteramos que la situación de negocios con autoridades no solo se ha dado de parte de la familia Allende en este caso». Añadió que «hay seis, creo, casos de senadores o diputados que han hecho negocios con el Estado. Nos vamos a concentrar en que tenemos que detener estas prácticas”, explicó Pizarro al medio citado.
Por su parte, el diputado Raúl Soto (PPD) afirmó que “lo importante es que las conclusiones no sobrepasen sus límites respecto de lo efectivamente conocido por la comisión”.
“Creo que las defensas fueron en general bastante sólidas. Hay claridad respecto de las responsabilidades también, que están fundamentalmente radicadas en el Ministerio de Bienes Nacionales y en las autoridades que ya han salido y en funcionarios que ya están bajo investigación sumaria”, explicó.
