La condena de seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en la llamada Causa Vialidad no solo marcó un hito judicial. Ahora se abre una etapa enfocada en la recuperación del dinero defraudado al Estado argentino.
La Corte Suprema dejó firme la sentencia la semana pasada y confirmó que la expresidenta deberá devolver junto a otros ocho condenados los fondos malversados, estimados en unos 500 millones de dólares.
Según el fallo, durante sus dos mandatos (2007-2015), Kirchner avaló la adjudicación irregular de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, íntimo del entorno familiar. El Tribunal Oral que dictó las condenas en 2022 cifró el perjuicio en 84,8 mil millones de pesos de entonces, equivalentes a medio millardo de dólares al valor de diciembre de ese año.
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LOS PRÓXIMOS PASOS
Antes de concretar el decomiso, la Justicia deberá actualizar el monto total defraudado y determinar qué parte corresponde a cada uno de los condenados.
La lista incluye, además de Cristina Fernández y Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López —célebre por los bolsos con dinero arrojados en un convento—, y a exfuncionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz: Nelson Periotti, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
Una vez que los peritos tasadores de la Corte Suprema definan los nuevos valores, los condenados tendrán 10 días para depositar el dinero, bajo apercibimiento de que se ejecuten sus bienes si no lo hacen.
¿DE DÓNDE SALDRÁ EL DINERO?
En el caso de la expresidenta, su última declaración jurada —al dejar el cargo como vicepresidenta en diciembre de 2023— registró un patrimonio de 249 millones de pesos, compuestos por cuentas bancarias, acciones empresariales y un vehículo. El equivalente en dólares era de apenas 316.000, una cifra muy inferior al monto reclamado.
Gran parte del patrimonio de los Kirchner fue donado a sus hijos, Máximo y Florencia, en 2016. El traspaso incluyó dos propiedades en Buenos Aires, otras 24 en Santa Cruz, un hotel y dos empresas inmobiliarias. Sin embargo, todos esos bienes están actualmente embargados en el marco de esta y otras investigaciones por corrupción.
El Ministerio Público Fiscal no descarta que esos activos puedan ser decomisados: “Es de extrema importancia que el decomiso cumpla una función social”, señaló la fiscalía tras el fallo de la Corte. Y añadió: “Debe resarcirse de manera integral el grave daño ocasionado por la defraudación colosal que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y un particular llevaron a cabo en perjuicio del Estado”.
Cabe recordar que la exmandataria no irá a prisión. El pasado martes 17 de junio, la Justicia acogió la solicitud de la defensa de la expresidenta para cumplir la condena en su domicilio.
