Ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago la defensa de la diputada Karol Cariola (PC) solicitó una audiencia de cautela de garantías a raíz de la filtración de diversos chats entre la parlamentaria y autoridades con peticiones de favores para la parlamentarria, además de otras personas de su círculo cercano.
Todo esto ocurre en el contexto del denominado Caso Chinamart, donde la parlamentaria está siendo investigada por presunto tráfico de influencias.
La acción legal incluye una denuncia de desacato contra el Ministerio Público por la supuesta inclusión irregular de mensajes personales en la carpeta investigativa.
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El abogado Juan Carlos Manríquez, representante de Cariola, acusó a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones (PDI) de vulnerar una resolución judicial vigente desde el 13 de marzo, que restringía el uso del contenido del celular de la diputada a información relevante para la causa.
Entre los mensajes cuestionados figuran conversaciones privadas con su madre -en las que se mencionan regalos del empresario chino Bo “Emilio” Yang- y con el exalcalde Gonzalo Durán, a quien Cariola habría pedido ayuda para reducir multas de tránsito.
“Mi defendida considera que nuevamente se ha violado la cautela de garantías, en este caso utilizando chats personales con su madre para insinuar un contexto indebido que el propio tribunal ya descartó como indicio de cohecho o tráfico de influencias”, sostuvo Manríquez en La Tercera.
Añadió que denunciarán “un desacato evidente” y pedirán abrir una investigación penal contra quienes resulten responsables.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
Según el requerimiento, con la filtración de los chats de Cariola se han vulnerado derechos fundamentales de la diputada, como el respeto a su vida privada y la protección de sus datos personales.
“La revisión del teléfono aún no concluye, pero esta semana ya se han difundido en medios de comunicación partes de los chats extraídos desde su dispositivo, lo que revela una grave filtración”, sostiene el texto legal.
Manríquez recordó que la resolución judicial de marzo estableció que la revisión del teléfono celular de la diputada debía hacerse exclusivamente entre la Fiscalía Regional de Coquimbo y la defensa, para así evitar filtraciones o accesos indebidos por parte de otras instituciones, incluida la policía.
La defensa solicita que el tribunal adopte nuevas medidas para asegurar el resguardo de la información sensible, incluyendo certificar a quiénes se ha entregado la carpeta investigativa y reforzar la protección del contenido extraído del celular de Cariola.
