El informe anual de la Contraloría General de la República (CGR) revela que entre abril de 2024 y marzo de 2025 se objetaron $1.505.707.732.640 en el marco de 792 auditorías e investigaciones especiales. Las observaciones, clasificadas como «altamente complejas» y «complejas», abarcan desde infracciones administrativas hasta posibles delitos.
El desorden es transversal. Solo en incumplimientos contables y presupuestarios, la CGR observó errores por más de $359 mil millones. A esto se suman contratos sin respaldo técnico ni legal por $328 mil millones, y rendiciones de fondos mal ejecutadas por otros $316 mil millones.
Las observaciones no son meros descuidos. El informe, de 233 páginas, se elaboró a partir de 792 fiscalizaciones. Se incluyeron auditorías normativas, financieras y exámenes de cuentas, priorizando los casos más complejos por su gravedad y recurrencia.
La Contraloría enfatizó que el caos administrativo no se explica por hechos aislados. En palabras del informe, “las observaciones de los informes de la Contraloría constituyen la manifestación formal de una situación en la que se ha detectado un incumplimiento de leyes, reglamentaciones, normas o manuales”. Muchos de estos hechos datan de 2023 o incluso de años anteriores.
Entre las prácticas reiteradas figuran ingresos sobreestimados, registros contables omitidos, saldos sin regularizar, ausencia de conciliaciones bancarias y desvío de fondos con destino específico. Todo esto configura un panorama donde la contabilidad pública no refleja la realidad financiera de numerosas entidades.
Lea también: Contraloría detecta millonario pago por proyecto inconcluso en La Araucanía
CONTRATACIONES SIN CONTROL
En el ámbito de contratos, el informe identificó modificaciones sin justificación técnica, ampliaciones de costos sin respaldo y ausencia de garantías. También se detectaron fraccionamientos de compras, adjudicaciones directas ilegales y omisión de controles exigidos por la Ley de Compras Públicas.
El total observado en esta categoría asciende a más de $328 mil millones. En varios casos, las entidades beneficiarias no cumplieron con los compromisos pactados, sin que se aplicaran sanciones o exigencias de restitución.
RENDICIONES INCOMPLETAS
La rendición de cuentas también exhibe falencias estructurales. Transferencias sin respaldo, documentos inconsistentes y archivos nunca revisados son parte del diagnóstico. En total, esta área representa más de $316 mil millones en observaciones.
El manejo de fondos no se queda atrás: errores contables, cuentas sin respaldo bancario, deudas impagas y conciliaciones inexistentes suman otros $252 mil millones. En varios organismos, la contabilidad simplemente no incorporó saldos ni reintegros.
Además, se registraron pagos improcedentes por $57 mil millones, incluyendo duplicaciones, sobrepagos y desembolsos a beneficiarios no habilitados. La categoría de ingresos revela que el Estado dejó de percibir más de $81 mil millones por falta de gestión de cobros, errores y omisiones.
Y, uno de los datos más alarmantes, muchas instituciones ni siquiera registraron los montos observados como deuda. Sin ese registro, no hay forma de exigir el reintegro.
GOBIERNOS REGIONALES
Los Gobiernos Regionales concentran una porción relevante de las irregularidades: más de $303 mil millones. En Tarapacá, por ejemplo, se aprobaron $212 millones sin garantías ni sanciones por incumplimiento. Se usaron facturas sin respaldo, consultoras sin experiencia y proyectos duplicados.
En el Biobío, los casos se multiplican. Rendiciones por $324 millones sin respaldo, $180 millones transferidos sin garantías, y 72 rendiciones por $1.500 millones sin evaluación formal. En algunos casos, personal de fundaciones asumió funciones propias del Gobierno Regional.
Los Ríos muestra una deuda histórica de gestión. $54 mil millones sin cobro, 1.704 iniciativas archivadas entre 2015 y 2020 por $5.866 millones y viáticos improcedentes sin rebaja contable.
En Aysén, el 64% de las iniciativas aprobadas entre enero y septiembre de 2024 no habían comenzado su ejecución. En Arica y Parinacota, redes sociales oficiales fueron usadas para promoción personal del gobernador durante la campaña.
En Coquimbo se detectaron viajes indebidos, sobrecargos por IVA y pagos por deudas ya saldadas. Los Lagos registró $20 mil millones transferidos sin control previo. En Antofagasta, directamente no hubo fiscalización en 12 proyectos, algunos con gastos rendidos sin respaldo.
FUERZAS DE ORDEN
Carabineros de Chile acumula observaciones por $151 mil millones. La mayoría por faltas de registro, entregas de armamento a personal sin formación, y remuneraciones indebidas pagadas durante décadas. “No hay registro”, fue la respuesta a 754 solicitudes de videos de procedimientos.
Delegaciones presidenciales y subsecretarías también figuran en el informe. En Los Lagos, 15 proveedores de agua potable incumplieron lo contratado sin recibir sanción. En Coquimbo, las compras superaron en más de 180% el precio de mercado.
La Subsecretaría de Prevención del Delito instaló cámaras de seguridad que no funcionaban, no estaban conectadas o carecían de almacenamiento. Según el informe, “no consta que se hayan efectuado inspecciones, visitas a terreno u otras acciones tendientes a corroborar su correcta implementación y funcionamiento”.
EL PATRÓN SE REPITE
Uno de los aspectos más graves es la inacción posterior. La mayoría de los organismos no inició juicios de cuentas ni procesos disciplinarios. En regiones como Biobío, Aysén, Los Ríos y Arica, más de $166 mil millones siguen sin rendirse ni recuperarse. Muchos de estos montos ni siquiera están anotados como deuda exigible.
“Rendición de cuentas tardía, mal hecha o incompleta no quiere decir que se robaron esa plata, quiere decir que no sabemos qué pasó con ella, pese a que es plata pública y que, por ende, todos deberíamos saber qué pasó con esa plata”, señala el documento de Contraloría.
Aunque este informe se entrega anualmente al Congreso desde 2014, rara vez se había difundido su contenido. Bajo la dirección de la contralora Dorothy Pérez, esta vez fue enviado a todos los parlamentarios y se hizo público, marcando un punto de inflexión en la transparencia del Estado.
Naranjo cuestiona a excontrolores: “¿Eran cómplices de la corrupción en Chile?”
El diputado Jaime Naranjo expresó su sorpresa frente a los recientes casos de corrupción revelados, cuestionando la labor de las autoridades anteriores de la Contraloría. A su juicio, es legítimo preguntarse “¿qué estaban haciendo los otros controlores en el país antes que llegara la actual controlora?”, considerando que ha sido bajo la gestión de la actual autoridad cuando comenzaron a destaparse numerosas irregularidades.
Para Naranjo, esto podría significar que los funcionarios anteriores “estaban coludidos con la corrupción que existía en el país”, ya que no encuentra otra explicación posible ante la inacción previa. En ese sentido, valoró el trabajo que se está realizando actualmente en materia de fiscalización y destacó la importancia de que “se hagan las investigaciones respectivas, que se hagan las sanciones correspondientes”.
El parlamentario también sugirió que parte del déficit fiscal actual puede explicarse por estos gastos irregulares, afirmando que “la situación de este chef fiscal que vivimos puede verse en parte por estos gastos que no correspondían que se hiciera”.
Finalmente, reiteró su respaldo a la labor de la controlora y dejó planteada la pregunta que, según él, hoy se hacen muchos chilenos: “¿qué hicieron los controlores anteriores en nuestro país? ¿O bien ellos eran cómplices de la corrupción que existía en Chile?”
COMISIÓN DE GOBIERNO APURA LEYES CLAVE PARA LA CGR
El presidente de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados comprometió este sábado máxima celeridad en la tramitación de los proyectos de ley que fortalecen las atribuciones de la Contraloría General de la República (CGR), tras conocerse un informe que reveló irregularidades por más de $1,5 billones en el aparato estatal.
“El informe de Contraloría es impresionante y demoledor. Detectar irregularidades por este nivel de recursos evidencia la necesidad urgente de reforzar el rol fiscalizador del organismo”, señaló el parlamentario.
En ese contexto, afirmó que “como Comisión de Gobierno Interior impulsaremos con prioridad todas las iniciativas legales que otorguen mayores herramientas a la Contraloría para combatir la corrupción con mayor eficacia”.
El legislador subrayó que “estamos convencidos de que una fiscalización permanente y exhaustiva sobre los organismos públicos es clave para enfrentar de manera frontal la corrupción en nuestro país”.
La Comisión revisará durante las próximas semanas los proyectos en tabla que apuntan a ampliar las facultades de la CGR, particularmente en materias de control preventivo, sanción administrativa y mecanismos de transparencia activa.
