Senadores de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Partido Social Cristiano e independientes acudieron al Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad del artículo 6 del proyecto de Ley de Fraccionamiento Pesquero.
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El artículo aborda el mecanismo de financiamiento de la iniciativa que impulsó el Ejecutivo y que el Congreso aprobó la semana pasada. El mecanismo obliga al pago de una patente de 1,3 UTM por tonelada a las empresas industriales por la extracción del jurel ligada a cuotas traspasadas por otros países.
CUESTIONAMIENTOS A FINANCIAMIENTO
Según consigna El Mercurio, la semana pasada, antes de la aprobación del proyecto, el senador Juan Antonio Coloma cuestionó dicho financiamiento.
En esa oportunidad, señaló que ejercía la reserva de constitucionalidad y afirmó que el mecanismo de recaudación, que reemplazó a la subasta del crecimiento anual de la cuota de jurel, debió presentarse primero en la Cámara de Diputados con su respectivo informe de Hacienda, y no directamente en la comisión mixta que resolvió las últimas discrepancias relacionadas con la iniciativa.
En esa línea, sobre las materias impugnadas, el escrito de los senadores señala que el artículo 6 del proyecto “es inconstitucional, pues establece un tributo vulnerando la disposición constitucional del artículo 65, inciso segundo de la Constitución Política de la República, respecto a la Cámara de origen de las leyes sobre tributos de cualquier naturaleza”.
El documento sostiene que la norma aprobada fue incorporada sin respetar las ideas matrices del proyecto de ley, vulnerando así el artículo 69 de la Constitución. Finalmente, y en cuanto al fondo, se afirma que la norma impugnada es arbitrariamente discriminatoria”, ya que la patente afecta solo a la pesca industrial, mientras que los pescadores artesanales estarán exentos del pago.
SENADOR ESPINOZA CRITICA REQUERIMIENTO
Como un “intento antidemocrático y profundamente ideologizado” calificó el senador Fidel Espinoza, presidente de la Comisión Mixta que tramitó la Ley de Fraccionamiento Pesquero, el requerimiento presentado por parlamentarios de oposición ante el Tribunal Constitucional (TC), que busca impugnar el mecanismo de financiamiento acordado para la iniciativa.
“Firmaron este requerimiento senadores que no tienen absoluta idea de cómo trabajamos esta ley de cara al país. Superamos múltiples obstáculos y logramos un acuerdo amplio que defendió los intereses tanto de la pesca artesanal como de los trabajadores de la industria, asegurando que ninguna planta procesadora viera en riesgo su continuidad”, afirmó el parlamentario.
Espinoza también cuestionó el trasfondo político de esta acción: “Los defensores de la ley Longueira que recurrieron al TC demuestran dos cosas: su sentido antidemocrático, al no reconocer su derrota en la Comisión Mixta, y su irrestricto apego a los intereses empresariales, justo en un año electoral donde probablemente buscarán financiamiento desde esos mismos sectores”.
El senador recalcó que la norma aprobada representa un avance en equidad para el sector pesquero nacional y que fue fruto de un debate democrático, técnico y con participación de diversos actores sociales. “Quienes hoy pretenden frenarla con maniobras judiciales no solo le dan la espalda al Congreso, sino también al país pesquero que espera reglas claras y justas”, concluyó.
