En el marco de las elecciones regionales celebradas en octubre de 2024, el gobernador de la Región de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, militante del Partido Socialista, presentó ante el Servicio Electoral (Servel) una rendición de cuentas que reportaba ingresos por un total de $101 millones.
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Los gastos asociados a su campaña ascendieron a $24 millones, concentrados principalmente en el pago de remuneraciones a brigadistas, arriendos de bienes muebles e inmuebles, y la contratación de servicios considerados intangibles.
No obstante, el 9 de abril de 2025, el Servel emitió una resolución categórica: objetó en su totalidad las cuentas presentadas por Silva Amaya.
INCONSISTENCIAS
En el documento oficial, al que accedió El Mercurio, el organismo fiscalizador sostiene que la rendición contenía “inconsistencias u omisiones en su contabilidad electoral, que revisten la gravedad suficiente para motivar el rechazo de la cuenta general”.
Esto significa que la autoridad regional no logró acreditar debidamente el destino ni la justificación de los fondos utilizados durante su campaña, vulnerando así las normas que regulan el financiamiento electoral.
El caso del gobernador de O’Higgins es uno de los dos únicos en el país en los que el Servel determinó rechazar el 100% de la rendición de cuentas electorales presentadas por un candidato a la reelección como gobernador regional.
El otro corresponde al gobernador de la Región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, de tendencia independiente, quien también fue cuestionado por presentar irregularidades calificadas como graves en su contabilidad electoral.
14 GOBERNADORES
A raíz de estas situaciones, El Mercurio llevó a cabo una revisión exhaustiva de las 16 resoluciones emitidas por el Servel respecto a las campañas de los actuales gobernadores regionales. Además, se analizaron expedientes electorales y las declaraciones de ingresos y egresos realizadas por cada autoridad. Este ejercicio permitió establecer que, al menos en 14 de los 16 casos, se detectaron observaciones a las rendiciones de gastos o dificultades para acceder al reembolso estatal por el total de votos obtenidos.
Las objeciones pueden implicar no solo la devolución parcial o total de recursos, sino también el inicio de procedimientos sancionatorios o judiciales si se determinan faltas graves al marco legal vigente. El financiamiento de campañas es un área especialmente sensible para la transparencia y legitimidad del proceso electoral, y por ello el Servel ha reforzado en los últimos años sus mecanismos de fiscalización.
La situación de los gobernadores Silva y Carvajal no solo plantea dudas sobre la correcta gestión de los recursos públicos y privados en época electoral, sino que también podría tener repercusiones políticas en sus respectivas regiones, en medio de crecientes demandas ciudadanas por mayor probidad y rendición de cuentas en el ejercicio de cargos públicos.
