El reciente informe sobre la cantidad de vacunas vencidas contra el Covid-19 y la influenza entre 2021 y 2024 generó diversas reacciones, tanto críticas hacia el Ministerio de Salud (Minsal) como explicaciones sobre los procedimientos de vacunación.
El dato revelado esta semana indica que más de cinco millones de dosis caducaron durante ese periodo.
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De acuerdo con antecedentes obtenidos mediante la Ley de Transparencia, un total de 5.054.201 dosis dejaron de ser utilizables: 3.078.385 eran vacunas contra el Covid-19 y 1.975.816 contra la influenza.
DATOS
Estos datos se dan a conocer después de que semanas atrás se informara que, solo en 2024, se perdieron 1,2 millones de dosis de vacunas contra la influenza, lo que motivó una investigación especial por parte de la Contraloría General de la República.
Ante este escenario, se consultó a integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para conocer su visión respecto a la magnitud del problema y las posibles responsabilidades detrás del vencimiento de las vacunas.
POSTURAS DE LOS PARLAMENTARIOS
La presidenta de la Comisión, Helia Molina (PPD), afirmó que la situación «Es motivo de análisis en el sistema de compra de vacunas».
No obstante, también señaló que «Siempre hay un porcentaje de merma que se da de forma natural» y subrayó que «Chile destaca a nivel mundial con excelentes índices de vacunación junto a países como Japón, Estados Unidos y Reino Unido, lo que ha sido reconocido por la OMS».
La parlamentaria recordó que parte de estas cifras corresponden al periodo anterior a la actual administración, argumentando que «Esto parte en 2021, que corresponde al gobierno anterior, por tanto no es responsabilidad de esta administración, y el año 2023 la vacuna Covid tuvo una actualización, lo que hizo que un porcentaje no se aplicara privilegiando la nueva vacuna, lo que influyó también en los porcentajes de caducidad».
DEMANDA
Agregó que es indispensable que el Minsal planifique con base en la demanda potencial para asegurar el stock necesario y anticiparse a un eventual déficit, aunque eso implique cierto margen de pérdida: «La certeza de que no va a faltar y partiendo de la premisa que todos se vayan a ir a vacunar».
Por ello, llamó a considerar elementos del contexto pospandémico y a revisar los criterios que determinan el éxito de una campaña de inmunización. «Yo creo que el país tiene experiencia en campañas de vacunación y creo que se ha hecho lo correcto, pero siempre está la posibilidad de hacerlo mejor», concluyó.
Desde una perspectiva numérica, el diputado Hernán Palma (FRVS) estimó que las dosis vencidas representan un 3,6% del total administrado: «Hay que decir que entre 2021 y 2024, por concepto de Covic-19 y de influenza se han colocado aproximadamente 96 millones de vacunas».
PRINCIPAL MOTIVO
A su juicio, el principal motivo detrás del vencimiento masivo sería «La causa principal de esta comillas pérdida se debe a la innovación constante en materia de vacunas que va dejando en la obsolescencia las compras anteriores y esto es difícil de manejar».
Además, explicó que se barajó la posibilidad de donar los excedentes a otros países, pero esta opción fue descartada: «Las autoridades sanitarias buscan proveer a la población en riesgo las alternativas más innovadoras, las que te aseguran realmente una protección efectiva de la comunidad».
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Más severo fue el diputado Tomás Lagomarsino (Radical), quien cuestionó el rol de la Subsecretaría de Salud Pública y solicitó explicaciones concretas a las autoridades.
«Yo espero que hoy día hayan respuestas claras respecto a Contraloría sobre cómo se desarrollaron estos procesos y si efectivamente se respetó el principio de la eficiencia en el uso de los recursos fiscales, producto de que no estamos para desperdiciar los recursos equivalentes a 5 millones de vacunas que se vencieron, estamos para optimizar el uso del recurso y que cada peso sea bien invertido», advirtió.
SITUACIÓN ALARMANTE
En una línea similar, el diputado Andrés Celis (RN) calificó la situación como alarmante y estructural.
«No estamos hablando de un error puntual, sino de una falla estructural en la planificación y supervisión del Ministerio de Salud. Esto constituye algo sumamente grave. Como miembro de la Comisión de Salud me preocupa profundamente que no existieran controles eficaces para evitar este nivel de desperdicio», expresó.
PRINCIPAL CULPA
En su análisis, apuntó directamente a la Subsecretaría de Salud Pública, indicando que «Tenía la responsabilidad de anticiparse, de resguardar los recursos del Estado y sobre todo la seguridad de las personas. Lo que sucedió fue parte de una investigación y una gran negligencia, la cual no se puede volver a repetir».
Otra voz crítica fue la de la diputada María Luisa Cordero (Ind.-RN), quien no dudó en calificar los hechos como «Negligente y nefasto». «Eso puedo decir por el actuar de las autoridades del Minsal frente a las dos de vacunas vencidas de Covid e influenza», declaró.
MOLESTIA
La parlamentaria además se mostró molesta por la falta de respuestas a sus oficios: «Da bastante rabia e impotencia que este Gobierno no haga nada frente a este grave problema y empañe todo lo realizado durante la pandemia, donde Chile fue destacado por la OMS en el proceso de vacunación contra el Coronavirus».
Y añadió que «Hace bastante tiempo oficié de este tema y hasta la fecha no he obtenido ninguna respuesta clara del mal manejo que tenemos hoy en día al interior del Ministerio de Salud».
NO ES SOLO UN ERROR
Por su parte, el diputado Agustín Romero (Republicanos) fue enfático en señalar que lo ocurrido «No es sólo un error logístico, sino una muestra más de improvisación e irresponsabilidad con fondos públicos en una cartera crítica».
Añadió que «En un país con listas de espera, hospitales colapsados, falta de acceso a medicamentos, la pérdida de más de un millón de vacunas por mala gestión es un escándalo que no puede quedar impune».
DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA
Finalmente, la diputada Danisa Astudillo (PS) manifestó que la situación no se limita a una deficiencia administrativa, sino que «Representa un daño directo al derecho a la salud».
Para ella, más allá de explicaciones técnicas o de registro, se requiere «Un plan de acción claro: auditorías, trazabilidad efectiva y un compromiso real para que cada peso y cada dosis sean bien utilizados».
«En un país con tantas necesidades en salud hospitales saturados, listas de espera interminables, falta de especialistas resulta francamente inaudito que ocurran estas situaciones. No podemos normalizar el despilfarro de recursos públicos tan sensibles», concluyó.
