La jueza Loretta Preska, del Segundo Distrito Sur de Nueva York, ordenó este lunes a la República Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo que condenó al país por la expropiación irregular de la petrolera en 2012. La decisión, apelable por parte del Estado, forma parte del proceso por el cual Argentina ya fue sentenciada a pagar más de USD 16.000 millones.
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EL FALLO IMPONE UN PLAZO DE 15 DÍAS
La resolución instruye al Estado argentino a depositar las acciones en una cuenta de custodia del Bank of New York Mellon (BNYM) en un plazo máximo de 14 días. Luego, el banco deberá iniciar la transferencia de la propiedad a los demandantes o a quienes estos designen.
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del juicio, había solicitado esta medida en abril de 2024, junto con otros embargos. Las acciones judiciales buscan presionar a la Argentina para alcanzar un acuerdo, según fuentes vinculadas al caso.
BURFORD BUSCA NEGOCIAR, NO OPERAR LA PETROLERA
Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, señaló que Burford no tiene intención de operar YPF, sino forzar una negociación favorable. “Si Milei quisiera entregar las acciones, debería hacerlo vía oferta pública, algo que Burford no quiere. Ellos buscan presionar para cerrar un acuerdo”, afirmó.
Maril advirtió que YPF deberá convivir con el riesgo de que una corte determine que su nuevo dueño es un fondo que compre los derechos adjudicados a Burford. La apelación argentina es inminente, pero el proceso podría extenderse hasta por un año y medio.
PRESIÓN INTERNACIONAL Y OPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
La jueza Preska fundamentó su decisión señalando que Argentina ha controlado las decisiones empresariales y financieras de YPF desde 2012 mediante su participación mayoritaria. El fallo también cita el acuerdo entre las partes en cuanto a que el Estado elige al directorio y aprueba sus iniciativas clave.
Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos había advertido en 2024 que conceder esta orden violaría la inmunidad soberana. En un escrito firmado por el fiscal Damian Williams, recomendó rechazar la solicitud por considerarla una medida excesiva sobre un bien estatal.
Pese a estas advertencias, la jueza otorgó la moción a los demandantes. Argentina, que hasta ahora ha evitado negociar, deberá ahora decidir si continúa el litigio o inicia conversaciones con Burford para alcanzar un posible acuerdo.
