Nacional y economía

Senado despacha ley que moderniza notarías

Cristian Navarro H.

Periodista

Notarías
Foto: Agencia Uno
Uno de los ejes de la reforma es eliminar el histórico poder de las Cortes de Apelaciones en la designación de estos cargos.

El Congreso despachó este martes la nueva ley de notarías, una reforma impulsada por el Ejecutivo que pone fin a los cargos vitalicios y redefine el mecanismo de designación de notarios, conservadores y archiveros, a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP). La aprobación en el Senado fue casi unánime, tras el respaldo al informe de la comisión mixta que resolvió los puntos críticos del proyecto.

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Aunque se superó el principal escollo legislativo, la posibilidad de que se alegue inconstitucionalidad aún persiste. Para ello, al menos 13 senadores deben respaldar una presentación ante el Tribunal Constitucional (TC), lo que hasta ahora no ha ocurrido.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró la aprobación destacando su amplio respaldo político. “Esta ley permitirá cambios profundos en el sistema notarial y registral. Establece requisitos mínimos para la prestación del servicio, horarios definidos, estándares digitales y fortalece la fiscalización de notarías, archiveros y conservadores en todo el país”, señaló.

FIN A LOS CARGOS VITALICIOS Y AL CUOTEO JUDICIAL

Uno de los ejes de la reforma es eliminar el histórico poder de las Cortes de Apelaciones en la designación de estos cargos. En su reemplazo, se implementa un sistema basado en méritos, mediante concursos realizados por la ADP. Los postulantes deberán acreditar experiencia profesional y rendir un examen. A partir de ello, se elaborará una terna con los mejores evaluados, de la cual el Presidente de la República escogerá al titular.

La ley también establece inhabilidades para quienes tengan vínculos de parentesco con jueces, parlamentarios o autoridades, con el fin de evitar conflictos de interés. Además, pone término a la permanencia indefinida en los cargos, fijando una edad máxima de 75 años para su ejercicio.

Con esta aprobación, el Gobierno concreta una reforma largamente postergada, que busca modernizar un sistema cuestionado por su opacidad, falta de competencia y vínculos con el poder político y judicial.

 

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