Tras más de seis años de tramitación y múltiples tensiones políticas, el Senado finalmente dio luz verde a la esperada reforma al sistema notarial. La normativa fue despachada a ley y pasará ahora por el control del Tribunal Constitucional antes de su entrada en vigencia.
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El proyecto redefine la arquitectura institucional y funcional del sistema registral y notarial, con énfasis en meritocracia, fiscalización y servicio al ciudadano. Durante su tramitación, se incorporaron opiniones de actores clave: juristas, académicos, economistas, expertos del mundo registral y representantes de la sociedad civil.
Uno de los principales ejes de la reforma es el proceso de nombramiento. La etapa de selección de notarios y conservadores ya no dependerá exclusivamente del Poder Judicial: ahora el Servicio Civil asumirá la convocatoria y evaluación, generando ternas para que el Presidente de la República elija, mediante resolución fundada, en un plazo máximo de 20 días hábiles.
La lógica de “puertas cerradas” quedará atrás: se eliminan barreras de entrada para postulantes ajenos al circuito judicial, apuntando a que el mérito y la idoneidad técnica definan el acceso a estos cargos.
CAMBIOS ESTRUCTURALES
Entre las modificaciones clave figura también la creación de nuevas notarías y conservadurías, pero con criterios técnicos obligatorios: necesidad económica de la zona, cobertura territorial y calidad del servicio. Esta decisión será evaluada por el Fiscal Judicial de la Corte Suprema —previa consulta a las Cortes de Apelaciones— y el Ministerio de Justicia.
Además, se eliminó el requisito de contar con un informe favorable de la Corte de Apelaciones para habilitar nuevos oficios.
Uno de los puntos más sensibles abordados por la reforma es el nepotismo. Se establece una inhabilidad para que familiares directos de autoridades judiciales puedan ser incluidos en procesos de nombramiento por hasta un año tras su salida del cargo. Esta medida busca frenar la concentración de oficios en redes familiares al interior del Poder Judicial.
MÁS FISCALIZACIÓN
La ley refuerza la fiscalización de los notarios, conservadores y archiveros, asignando competencias claras tanto a la Fiscalía Judicial como al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Este último podrá velar por el cumplimiento de estándares de calidad, tarifas máximas y protección de derechos de los usuarios.
También se obliga a los oficios a contar con herramientas tecnológicas para operar en el entorno digital: se exigirá infraestructura adecuada, digitalización de documentos, acceso remoto a registros y páginas web con información transparente sobre trámites, tarifas, horarios y canales de reclamos.
Por último, se fijan horarios mínimos obligatorios de atención presencial, con la posibilidad de realizar diligencias fuera de las oficinas solo si la ley lo permite.
