La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este martes 8 de julio órdenes de detención contra altos líderes del régimen talibán en Afganistán, acusándolos de cometer crímenes de lesa humanidad al perseguir sistemáticamente a mujeres y niñas por motivos de género. Las autoridades afganas rechazaron de inmediato la decisión, calificaron la medida como un “disparate” y reiteraron que no reconocen la legitimidad del tribunal.
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En un comunicado oficial, la CPI señaló que existen “motivos razonables” para sospechar que el líder supremo de los talibanes, Haibatullah Akhundzada, y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani, han cometido el crimen de persecución por motivos de género, en el marco de una política deliberada contra las mujeres afganas.
VIOLACIONES SISTEMÁTICAS A DERECHOS FUNDAMENTALES
Según los jueces, los hechos investigados abarcan desde el 15 de agosto de 2021 —cuando los talibanes retomaron el poder en Kabul— hasta al menos el 20 de enero de 2025. Durante este periodo, las autoridades habrían impuesto un régimen de restricciones que, aunque afecta a la población en general, tiene un impacto particularmente grave sobre las mujeres y niñas.
La corte acusó al régimen de privarlas del derecho a la educación, de la libertad de circulación, de expresión, pensamiento, conciencia y religión, así como del derecho a la vida familiar y a la intimidad. La CPI afirmó que los talibanes también persiguieron a personas que manifestaban identidades de género o expresiones sexuales que consideraban “incompatibles” con sus normas.
RESPUESTA DEL RÉGIMEN TALIBÁN
Horas después del anuncio, el vocero oficial del gobierno de facto, Zabihullah Mujahid, desestimó las acusaciones. “Estos anuncios sin sentido no tendrán impacto alguno en nuestro firme compromiso con la sharía (ley islámica)”, afirmó en un comunicado, reiterando que el régimen no reconoce autoridad alguna a la CPI.
UN TRIBUNAL SIN CAPACIDAD DE EJECUCIÓN DIRECTA
Con sede en La Haya, la comunidad internacional creó la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, no cuenta con una fuerza policial propia, por lo que depende de la cooperación de los Estados miembros para ejecutar sus órdenes de arresto.
En la práctica, los dirigentes talibanes bajo orden de arresto pueden evitar ser detenidos si se mantienen alejados de los países que reconocen la jurisdicción de la CPI.
